El Ayuntamiento de Madrid ordenó en 2021 el cese de 592 viviendas de uso turístico

El Ayuntamiento de Madrid ordenó en 2021 el cierre de 592 viviendas de uso turístico dentro de las campañas de inspección y revisión de este tipo de pisos, ha informado el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, en la comisión del ramo celebrada este miércoles..

Entre el 1 enero de 2021 y el 1 de enero de 2022 el Ayuntamiento de Madrid analizó 306 edificios e inspeccionó 6.951 viviendas, entre las cuales detectó 625 de uso turístico.

Según el delegado, como consecuencia de estas inspecciones y de otras pendientes de años anteriores fueron abiertos 980 expedientes, y, en suma, se ordenaron 592 ceses de viviendas de uso turístico sobre un total de 759 viviendas.

Mariano Fuentes ha ofrecido estas cifras en respuesta a una pregunta de Pedro Fernández (Vox) sobre “los efectos previstos en Madrid por el aumento de pisos turísticos que podría ocasionar la reciente Sentencia del Tribunal Supremo que autoriza a un portal de internet a publicar anuncios de pisos turísticos no inscritos en registros públicos”.

Fernández ha relatado que, recientemente, el Tribunal Superior de Justicia dictó sentencia en un conflicto jurídico entre el portal Airbnb con la Generalitat de Cataluña. "Básicamente, el conflicto consistía -según Fernández- en que la Generalitat no permitía que este portal de internet anunciara como pisos turísticos viviendas no incluidas en un registro que había establecido a estos efectos”.

El Tribunal Supremo anuló el mes pasado una orden de la Generalitat de 2015 que obligaba a Airbnb a revisar y dejar de publicar anuncios de viviendas no inscritas en el registro de pisos turísticos de Cataluña al considerar que la plataforma es una mera intermediaria y no un proveedor de servicios inmobiliarios.

Aunque la sentencia del TS “se puede entender” que se refiere a “competencias autonómicas y no tanto municipales”, ha abundado el edil de Vox, “sí de alguna manera afecta a los Ayuntamientos, porque de hecho el Ayuntamiento de Barcelona mantuvo también una guerra abierta contra este portal por anuncios de pisos sin licencia que se anunciaban” en él.

“La alcaldesa de Barcelona (Ada Colau) se dedicó a multar a este portal” por “los efectos que producían estos anuncios en el mercado residencial”, por lo que los Ayuntamientos “también tienen, de alguna manera, competencias sobre esta cuestión”, ha argumentado Fernández, quien ha querido conocer la posición del Ejecutivo de la capital sobre esta sentencia.

Mariano Fuentes ha comenzado su primera intervención diciendo que no iba a mencionar ninguna “de las consecuencias y las decisiones que toma otra administración pública, ya sea a nivel autonómico” o local, y “por supuesto” ha respetado “el comercio y la intermediación que realizan las distintas plataformas en estos casos”.

Sí ha revisado el recorrido jurídico hasta llegar a la sentencia del TS, y ha dicho: “En el recurso de casación, el Tribunal Supremo entiende que las prestaciones accesorias desarrolladas por Airbnb no desvirtúan la naturaleza de servicio de intermediación, que es a lo que se dedica”.

La plataforma pone en contacto “a arrendadores y arrendatarios de viviendas vacacionales sin transformarlo en un negocio de arrendamiento de viviendas, por lo que considera la actividad de la recurrente como un servicio de intermediación propio de la sociedad de la información, regulada por la normativa europea y estatal, y no por la legislación sectorial de alojamientos turísticos” de, en este caso, Cataluña.

“En nuestro caso, y atendiendo a su pregunta, en materia urbanística no tiene consecuencia alguna” la sentencia, ha dicho Fuentes, aunque “otra cosa es el aspecto que pueda repercutir en la ciudad de Madrid con respecto a mejorar la seguridad” tanto de los turistas que pernoctan en la ciudad como a sus vecinos.

Como mucho, ha añadido el delegado de Ciudadanos, quien se debería “centrar más en el tema” es la Consejería de Turismo de la Comunidad de Madrid, quien tiene las competencias, y “si ya nos metemos en el tema de regular entidades intermediarias de la prestación de un servicio” es el Gobierno central, a través del Ministerio de Consumo, quien “se tendría que centrar en regular estas situaciones” .

“Sin más -ha dicho a Fernández-, decirle que esa regulación tiene que ser realizada y que podría ser complementaria en el reglamento de viviendas de alojamientos turísticos que tiene la Comunidad de Madrid, y, por tanto, desde el punto de vista urbanístico no tiene impacto en nuestro planeamiento”.

El concejal de Vox, por su parte, ha incidido en que “sin perjuicio” de que pueda ser un asunto con “competencias difusas” entre administraciones, el Gobierno local “también tiene la obligación de haber hecho algún análisis” de cómo puede impactar la postura del TS en el mercado de la vivienda.

Fuentes ha replicado que no es “difuso” sino que la competencia es regional, y ha sido en este punto cuando ha asegurado que el Ayuntamiento de Madrid “sigue haciendo las campañas de inspección y revisión” que han dado como resultado las cifras que ha ofrecido.