Casi 900 familias madrileñas se declaran en "huelga de alquileres" contra un fondo de inversión

  • Abonarán "únicamente el precio indicado en el contrato inicial y las actualizaciones legalmente exigibles, no así los seguros de impago y subidas abusivas"
  • Se trata de inquilinos de viviendas gestionado por el fondo de inversión Nestar-Azora situadas en varios distritos madrileños y municipios como Móstoles, Parla y Pinto
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Cerca de 900 familias inquilinas de viviendas gestionadas por el fondo de inversión Nestar-Azora se han declarado en "huelga de alquileres" y abonarán "únicamente el precio indicado en el contrato inicial y las actualizaciones legalmente exigibles, pero no así los seguros de impago y subidas abusivas".

Las familias, apoyadas por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, insisten en que su objetivo es que su casero, el fondo inmobiliario Nestar-Azora, "elimine las cláusulas ilegales de sus contratos de alquiler", además de que "no descartan emprender acciones legales si sigue negándose a ello".

Además, estas familias confían "en seguir sumando apoyos entre los más de 8.000 hogares que han sufrido incrementos de renta ilegales por parte del mismo propietario", al que exigen "una negociación colectiva", según han señalado desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos en un comunicado.

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Desde el Sindicato recuerdan que hace tres meses, un centenar de inquilinos del bloque situado en C/ Martín Muñoz de las Posadas, 7, en Villa de Vallecas, que está gestionado por este fondo, "comenzaron a organizarse y a plantar cara contra las subidas de alquiler ilegales".

Estas familias alegaban que el contrato firmado con el fondo inmobiliario estaba "lleno de cláusulas abusivas", además de que el edificio se encontraba en "un ruinoso estado de mantenimiento".

A estas primeras 100 familias se han ido sumando en los últimos meses más de 800 residentes en diez bloques gestionados por el mismo fondo inmobiliario en localidades del sur de la región, como Parla, Móstoles o Pinto y de otros distritos de Madrid, como Villaverde, Carabanchel o Vallecas.

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Todas estas familias comparten un problema común: al llegar el tercer año de contrato, se activan "unas cláusulas abusivas por las que la propiedad impone una subida muy superior al 3% anual previsto en la Ley de Arrendamientos Urbanos", según explican desde el Sindicato de Inquilinas.

Como resultado, los alquileres que se firmaron inicialmente por unos 900 euros, "al cabo de tres años el precio ronda los 1.600 euros en algunos meses", una fórmula que insisten en que "ya fue declarada ilegal a consecuencia de las demandas interpuestas por el Sindicato de Inquilinas de Cataluña".

"No obstante, Nestar-Azora sigue aplicando esta fórmula en toda la Comunidad de Madrid", añaden desde el Sindicato, insistiendo en que seguirán sumando a su movilización a "los más de 8.000 hogares que han sufrido incrementos de renta ilegales por parte del mismo propietario".