La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha negado este miércoles que diera orden alguna, ni en la manifestación del 22M "ni nunca", para que los agentes no utilizaran los medios antidisturbios legalmente reconocido a su alcance, al tiempo que ha apostado por mejorar la actuación policial en el futuro.
Cifuentes no ha querido entrar a valorar los detalles y de la operación policial, criticada por los sindicatos de la Policía Nacional y Municipal ese día porque "este tipo de decisiones dependen de la operativa policial y sus mandos".
"Ellos tienen la obligación y responsabilidad de actuar con todos los medios posible a su alcance para restablecer el orden público y la seguridad. Esa ha sido siempre la instrucción que se ha dado en esta Delegación en todas las ocasiones en las cuales la Policía y la Guardia Civil ha actuado. Jamás ha restringido a ningún mano policial que pudiera utilizar determinados medios de defensa y contención, según los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Tengan la gran confianza de que la Policía Nacional utilice los medios a su alcance", ha recalcado.
La representante del Gobierno central en Madrid ha explicado que toda actuación policial debe ser proporcional y no provocar una situación más grave que la que pretende evitar, "cosa que no ocurrió el 22M". Así, ha indicado que ese día los antidisturbios estaban en una situación muy difícil porque "hubo personas que arremetieron de forma salvaje de una forma que nunca" había visto contra los agentes antes de terminar la marcha.
Cifuentes ha reconocido que esta manifestación fue distinta, ya que los disturbios empezaron antes de que concluyera la misma. Así, ha relatado que los policías no se esperan "por parte de los violentos que reventaran la manifestación" tan pronto, antes de que se fueran los manifestantes pacíficos, muchos con familias e hijos.
"A partir de las 20.15 horas un grupo de salvajes empezó a tirar piedras y botellas contra la Policía y los locales comerciales. Hace que la situación fuera diferente porque ponen en grave peligro a algunos de los manifestantes de buena fe, donde había familias. Por otra parte, había un entorno de miles de personas y manifestantes pacífico", ha señalado.
REPROCHES
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha reprochado hoy a los dirigentes de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid que no le apoyaron cuando hace año y medio habló de "modular" el derecho de manifestación. "A poco de llegar a la Delegación del Gobierno planteé la necesidad de modular el derecho de manifestación, que no quería decir que se restringiera porque era complicado de poder compatibilizar los derechos de todos. En ese momento eché en falta el apoyo y solidaridad de estas personas ahora preocupadas por el derecho de manifestación", ha dicho Cifuentes, en referencia las recientes peticiones del Gobierno regional, apoyadas por el Consistorio matritense, de "ordenar" el derecho de reunión en el centro de la capital.
A pesar de ello, se ha mostrado abierta a escuchar dichas propuestas siempre y cuando lleguen "por su cauce". "Tengo el teléfono abierto y en cualquier momento estoy a disposición telefónicamente y me desplazo donde haga falta por la urgencia que se ha pedido", ha señalado.
La delegada del Gobierno en Madrid ha pedido a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que "sus propuestas mediáticas", como la instalación de más cámaras de videovigilancia en el centro de Madrid o la propuesta de limitación de manifestaciones en algunos puntos de la capital, le lleguen "por los cauces legales y no a través de los medios de comunicación". "No tiene mucho sentido que tengamos que estar comunicándonos a través de los medios", ha apostillado.
La delegada ha recordado que las manifestaciones "no se llevan a cabo donde la Delegación del Gobierno decida, sino donde las organizaciones quieran realizarlas y sólo se pueden modificar en contadísimas ocasiones, cuando según expone la Ley de forma taxativa existan razones fundadas de alteración del orden público para bienes y personas".
Cifuentes ha explicado que ella no puede cambiar la Ley de manera "aleatoria" porque estaría "prevaricando" y además podría ser recurrida esta decisión a los tribunales. De hecho, ha recordado que el 90 por ciento de este tipo de recursos judiciales los ha perdido la Delegación de Gobierno. "Hay una jurisprudencia ampliamente consolidada que aunque haya informes de que se puede producir hechos violentos, el tribunal prima que se realice ese derecho. Estaría prevaricando si no culpa la Ley, independientemente de que haya algunas leyes que me gusten más que otras", ha dicho.
No obstante, ha señalado que se producen alguna rara prohibición, como las manifestaciones ateas en Jueves Santo o una concentración de la ultraderecha en Lavapiés, y algunas veces se producen modificaciones a las marchas cuando existen "razones fundadas".
Como ejemplo, la representante del Gobierno central en Madrid ha puesto las concentraciones modificadas el lunes porque coincidían a su paso con el cortejo fúnebre del expresidente Adolfo Suárez. "Ese es el pequeño margen que la Ley nos permite cuando hay razones fundadas. El hecho de que no nos guste el motivo o a las personas que se vayan a manifestar no es causa suficiente para que se pueda modificar el trayecto", ha apostillado.
MANIFESTACION TRABAJADORES DE TELEMADRID
Por otro lado, la delegada del Gobierno "no ha querido entrar en polémicas" con el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, que esta mañana la ha criticado por haber permitido la concentración de los exempleados de Telemadrid a las puertas del Tribunal Supremo (TS), que ha calificado de "escrache judicial".
"No se puede permitir una manifestación que tiene como única finalidad presionar a los magistrados del Tribunal Supremo ante la deliberación de una sentencia que les afecta. Es un atentado a la independencia judicial, es una cuestión de orden público y no se debería haber autorizado", dijo Victoria.
Al respecto, la delegada ha destacado que "en ningún momento en esa manifestación ha habido riesgo alguno de alteración del orden público y de peligro para bienes y/o personas puesto que además la manifestación de los extrabajadores de Telemadrid estaba ubicada en una zona de plaza de París, colocada a suficiente distancia del Tribunal Supremo para que no hubiera absolutamente contacto o intimidación a ninguna persona que estuviera deliberando en su interior".
"Pediría a Victoria que se lea la Ley y que él mismo como jurista entienda que mi obligación como delegada de Gobierno es que se cumpla la Ley y eso es lo que hago en defensa e interés de los madrileños", ha concluido.
