La Comunidad de Madrid ha gastado 22 millones de euros en ocho años en asesorías jurídicas, a pesar de contar con sus propios gabinetes en Consejerías y empresas y organismos públicos. Se lo han reconocido por escrito al PSOE, según ha podido saber Telemadrid. Los que más han gastado: el Canal de Isabel II con más de 10 millones, y la Consejeria de Medio Ambiente con más de 3,5 millones de euros.
Pese a tener sus propios abogados y equipos de asesores, las Consejerías del gobierno regional, así como organismos, empresas y entes públicos, han gastado 22 millones de euros, a lo largo de 8 años en informes encargados a unos pocos bufetes de abogados. Asi lo ha reconocido el Gobierno regional en una pregunta escrita al diputado socialista de la Comunidad de Madrid, Pedro Santín. "Es un gasto absolutamente injustificado", asegura el diputado socialista que recuerda que la la Administración autonómica cuenta, para esas labores, con letrados y abogados entre sus funcionarios.
A la cabeza del gasto figura el Cabal de Isabel II que gastó en total 10.063.827 euros en consultas jurídicas externas en el periodo 2008-2016. La Consejería de Medio Ambiente empleó en esa labores 3.766.874 euros. Metro de Madrid, empresa dependiente de la Consejería de Fomento y Transportes gastó 3.143.514 euros. Esta misma Consejería gastó además 1.135.619 euros, mientras que la Consejería de Econocía ha gastado en asesoría legal externa 2.879.534 euros.
El diputado socialista considera que "hay una irregularidad manifiesta" en este gasto puesto que "buena parte de todo este dinero ha ido a parar a 5 o 6 despachos de abogados sin ningún tipo de licitación previa, ni de transparencia en el gasto".
El despacho mas beneficiado por estos encargos ha sido el de Pérez Llorca Abogados, donde han ido a parar encargos por importe de 3.003.201 euros. En segundo lugar está Cuatrecases con 2.335.319 euros mientras que el bufete de Garrigues facturó por importe de 2.212.602 euros. En total, estos tres despachos de abogados obtuvieron más de 7,5 millones de euros.
GARRIDO: "NUESTRO CRITERIO ES MEJORAR Y MAXIMIZAR LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS INTERNOS QUE SON EXCELENTES"
El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Angel Garrido, ha afirmado este martes que ignora cual era el criterio de Gobiernos anteriores o sus necesidades al respecto pero que los servicios jurídicos internos de la Comunidad son "excelentes" y desde el Gobierno autonómico buscan su "mejor y máxima utilización de los recursos internos de la Comunidad". Así lo ha dicho en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno preguntado por una información de Telemadrid, que asegura que en los últimos ocho años la Comunidad de Madrid gastó 22 millones de euros en asistencia jurídica externa.
Garrido ha explicado que ellos pretenden la "mejor y máxima utilización" de sus propios servicios jurídicos y de hecho, han firmado convenios con la abogacía de la Comunidad y Telemadrid para dar soporte jurídico por servicios internos de la Comunidad, que "son excelentes y pueden dar servicio en la mayoría de los casos".
REACCIONES EN LA ASAMBLEA
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado ha señalado que "lo que pone de manifiesto es que la Comunidad de Madrid durante muchos años ha dejado las plantillas en precario y ha recurrido a interinos en vez de reforzar las plantillas de letrados funcionarios". Asimismo, ha subrayado que los servicios jurídicos de la Comunidad deben defender a la propia Comunidad, "no a la presidenta, no a los consejeros, sino a los madrileños".
En cuanto a la publicidad institucional, ha recordado que su Grupo Parlamentario ha registrado una proposición de ley que supondría "un antes y un después para clarificar cómo se distribuye".
Por su parte, el diputado de Podemos Jacinto Morano ha destacado que 22 millones de euros es el triple de lo que costaría adecuar las retribuciones del turno de oficio de la Comunidad de Madrid a la media estatal o el cuadruple de lo que significaría cumplir el "acuerdo con los funcionarios de su Administración de Justicia que está pendiente". Asimismo, ha criticado que el Gobierno regional utilice el sector público para defender sus intereses, al utilizar los servicios jurídicos de la Comunidad para sus propios asuntos, y favorecer los intereses privados, derivando a despachos privados situaciones vinculadas a la actividad pública.
Por su parte, Angel Gabilondo, portavoz del grupo Socialista de la Asamblea ha considerado que "no se si es despilfarrar la palabra, pero cuando menos es no cuidar suficientemente los caudales públicos". Gabilondo no ha querido calificarlo de "irregularidad". "Solo podemos hacer dos juicios, pensar que hay menos personas de las que hacen falta o preguntarnos por qué hacen falta tantas personas", ha señalado, para agregar que cualquiera "pone en duda la gestión que se ha realizado".
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Enrique Ossorio aseguraba que la politica que aplica el gobierno de Cristina Cifuentes es "que los servicios juridicos extiendan esos convenios a todos los Entes y empresas públicas para evitar esas contrataciones externas". No obstantes ha reconocido que, por motivos de especialización o por motivos de volúmenes de trabajo, no se puede descartar que haya alguna contratación externa pero no del importe de las citadas que "parece que son muy abultadas".
