Los técnicos de la Comunidad de Madrid se reunirán "de forma inminente" en una mesa de debate con los técnicos propuestos por asociaciones de la Cañada Real para elaborar un nuevo informe de afecciones urbanísticas que denoten las mediciones de ruido, inundaciones o cercanía a cables de alta tensión con el objetivo de comenzar a decidir qué viviendas pueden quedarse y cuáles no.
Así lo han decidido las asociaciones y los grupos parlamentarios este viernes en una reunión en la Asamblea de Madrid que ha durado algo más de tres horas y en la que se ha transmitido a los vecinos de Cañada el borrador elaborado por los técnicos de la Comunidad de Madrid, que contempla el derribo del 75 por ciento de las viviendas de la Cañada Real pues que no cumpliría la legislación urbanística de la Comunidad de Madrid.
Según este informe, que redactó el Comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid, sólo el 25 por ciento de las viviendas no están afectadas por limitaciones urbanísticas, por lo que podrán mantenerse.
Sin embargo, la portavoz de la Asociación de vecinos del sector 4 de la Cañada Real Galiana, Lidia Resani, ha criticado que este 25 por ciento de territorio se utilizaría para realojar a los más de 70.000 vecinos desalojados, teniendo que construir pisos en altura y provocando, en consecuencia, que el desalojo sea "del cien por cien de la Cañada Real".
Además, la portavoz ha afirmado que las afecciones urbanísticas que señala la Comunidad "no son ciertas" y ha asegurado que los técnicos de la Cañada han realizado mediciones en la contaminación acústica encontrando que estas "no existen".
El comisionario de la Cañada Real de la Comunidad de Madrid, José Antonio Martínez Páramo, ha señalado que la única cuestión que podría ser revisable es el ruido, que representa un "20 por ciento de las afecciones", por lo que ha asegurado que la diferencia "no sería mucha", unos 100.000 metros más edificables, que se sumarían a los 200.000 que, aproximadamente, son aptos para suelo residencial actualmente.
En este sentido Resani ha asegurado que si los vecinos no están de acuerdo con el próximo documento, "tomarán medidas judiciales".
En relación al próximo plano de afecciones urbanísticas, Páramo ha destacado que existe "muy buena sintonía" entre todos los grupos parlamentarios y ha asegurado que antes de verano se habrá firmado el pacto regional y podrá ponerse en marcha el proceso de desalojo y regularización de las construcciones de la antigua vía pecuaria.
