La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha firmado este miércoles con los representantes de los sindicatos presentes en la Mesa general de Negociación de los empleados públicos (CCOO, CSIT-Unión Profesional, UGT y CSIF) tres acuerdos que mejoran las condiciones laborales y protegen del acoso y la violencia laboral a los empleados públicos de la Administración madrileña. Por un lado, se ha ratificado la puesta en marcha de dos protocolos integrales de prevención y actuación ante todo tipo de acoso y ante cualquier forma de violencia en el trabajo y, por otro, la mejora de la cobertura de los empleados públicos en los casos de incapacidad temporal por contingencias.
Cifuentes ha destacado que estos tres acuerdos "contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo y la eficacia de la administración autonómica" y ha garantizado a los representantes de los empleados públicos que "diálogo nunca va a faltar".
La dirigente madrileña ha afirmado que los acuerdos "se enmarcan en nuestra política de diálogo social y máxima colaboración con los representantes de los empleados públicos y los interlocutores sociales, que tantos pactos significativos está consiguiendo en beneficio de todos".
Es el caso, ha señalado, de otros seis grandes acuerdos alcanzados con los representantes sindicales y con la patronal desde el comienzo de la legislatura, relativos a la creación de empleo, a la economía social, a mejorar las condiciones laborales del sector público, de los bomberos, de los educadores, y trabajadores del 112, ha relatado.
En la firma, en la que también han estado presentes el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno, Angel Garrido, y el director general de Función Pública, Antonio López Porto, han participado el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Madrid, David Jabato; el secretario general de CSIT-Unión Profesional, José Angel Montero; el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT de Madrid, Santiago Tamame; y el presidente de CSIF Madrid, Manuel González Molina.
González Molina ha destacado la "importancia de los acuerdos" y ha indicado que este gobierno autonómico "lo está haciendo muy bien en esta materia, logrando acuerdos importantes en asuntos sociales y laborales". No obstante, ha dicho a la presidenta que les queda la "asignatura más importante" que es "la salarial".
Desde UGT Madrid, Tamame ha indicado que se están "se está recuperando la normalidad en las relaciones laborales" y por eso, ha considerado que se debe "impulsar ya una verdadera negociación para la recuperación de los derechos y el empleo". "Debemos impulsar actuaciones que contribuyan a crear empleo y mejorar la calidad de los servicios públicos", ha defendido.
El secretario general de CSIT-Unión Profesional, José Angel Montero, ha considerado que los empleados públicos "merecen ese reconocimiento y protección" y ha esperado que existan otros pasos y se llegue a un convenio colectivo.
Por último, Jabato ha opinado que si se ha encontrado la sensibilidad necesaria para llegar a estos acuerdos tienen el "reto de completar esta lucha contra la violencia y la discriminación con la consecución de un plan de igualdad que siga en la lucha contra la discriminación en el trabajo".
PROTOCOLO DE PREVENCION FRENTE AL ACOSO
Tanto el protocolo de prevención y actuación frente al acoso psicológico o moral, acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso discriminatorio en el seno de la Administración Pública como el protocolo general de prevención y actuación contra cualquier forma de violencia en el trabajo tienen una estructura que recoge tres aspectos.
En primer lugar, un medidas preventivas para evitar tanto los distintos tipos de acoso como los actos de violencia interna o externa en los centros de trabajo. En segundo, un procedimiento de denuncia, investigación y registro de cualquier tipo de incidente de este tipo que se pudiera producir. Y, finalmente, un catálogo de medidas de protección, restitución de la dignidad y las condiciones de trabajo y de asistencia sanitaria y psicológica gratuita para los empleados que padezcan cualquier tipo de acoso o de violencia en el ámbito laboral.
ESTRATEGIA INTEGRAL
Como rasgo distintivo, los dos protocolos que pondrá en marcha la Comunidad de Madrid se caracterizarán por ofrecer una estrategia integral e integrada de actuación en estos casos. Así, el protocolo frente al acoso ofrece un marco de actuación conjunto frente a todos los tipos de acoso laboral existentes, integrando toda la legislación en la materia y facilitando a los empleados públicos el acceso a las medidas de prevención y actuación, al figurar todas en un único documento. Asimismo, recoge todos los tipos posibles de acoso sexual independientemente del género, lo que garantiza la protección tanto a mujeres como a hombres.
Por su parte, el protocolo contra la violencia incluye medidas de prevención frente a todos los tipos de violencia, tanto la que se pueda producir entre empleados públicos como la que pueda darse por parte de los usuarios de los servicios.
PROTECCION EN CASO DE ENFERMEDAD
Por su parte, el tercer acuerdo garantiza una aplicación homogénea del régimen de cobertura económica en caso de incapacidad temporal por enfermedad común y accidente no laboral para todos los empleados públicos de la administración autonómica. Asimismo, extiende el grado de protección aplicable en estos casos, al garantizar el abono del cien por cien de las retribuciones a lo largo de toda la duración de la baja laboral en determinados supuestos.
Esta mejora se aplicará tanto a supuestos de contenido eminentemente social, como puede ser la baja de víctimas de violencia de género, de víctimas del terrorismo, de empleados públicos con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento o de quienes estén en situación de gestación o en período de lactancia; como a los casos en que los que la incapacidad deriva de enfermedades especialmente graves o de carácter infecto-contagioso, de tratamientos oncológicos, de intervenciones quirúrgicas o de hospitalización.
Las mejoras beneficiarán a más de 150.000 empleados públicos, lo que supone la práctica totalidad del personal al servicio de la Administración autonómica: personal funcionario de Administración y Servicios, personal funcionario Docente no Universitario, personal estatutario del Servicio de Salud, personal funcionario de la Administración de Justicia y personal laboral.
