Cruz Roja ha dejado de prestar asistencia a los solicitantes de asilo que aguardan en el aeropuerto de Barajas ante las condiciones de hacinamiento e insalubridad en la que estos se encuentran por el aumento exponencial de peticiones registradas en los últimos meses.
Fuentes del Ministerio del Interior han valorado esta decisión, la cual han dicho respetar pero no compartir, por defender la "colaboración institucional como la mejor forma de resolver las incidencias".
Fuentes sindicales han señalado a EFE que la ONG llevaba más de un mes sin entrar en las salas, desde que se detectó la presencia de chinches en las instalaciones.
Desde Interior han recordado que el Gobierno ya ha tomado algunas medidas al respecto, como reforzar el número de efectivos de Policía Nacional y de funcionarios de la Oficina de Asilo y Refugio y la limpieza de las instalaciones.
También en las últimas semanas se han habilitado dos nuevos despachos para la realización de entrevistas, que se suman a las tres ya existentes, y se ha abierto una Fuentes de para atender a los solicitantes.
Las mismas fuentes han señalado que el Gobierno busca "nuevas fórmulas de coordinación" para agilizar los trámites de solicitud de protección internacional, con pleno respeto a los derechos de los peticionarios. Y ha anunciado que está previsto que hoy visiten las salas de asilo del aeropuerto el nuevo director general de Protección Internacional, Octavio Rivera, junto con el segundo máximo responsable de Policía Nacional en Extranjería.
Interior colabora con el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación para establecer nuevos visados de tránsito, "si fuera necesario", como ya se ha implementado en el caso de Kenia desde el pasado sábado.
A pesar de las medidas anunciadas por el Gobierno, tanto sindicatos policiales como ONG aseguran que el problema persiste y ha alcanzado puntos críticos.
Esta situación fue corroborada por el Defensor del Pueblo el pasado mes de diciembre y por los jueces de control de las salas, que requirieron al Ministerio del Interior que tomara medidas urgentes.
El pasado 16 de enero, el juez dictó una orden de trasladar a 50 de estos inmigrantes al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche (Madrid), resolución que fue revocada tres días después por petición de la Fiscalía y de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).