El juez de la Audiencia Nacional que ha investigado el caso Lezo, una presunta trama de corrupción en torno a operaciones del Canal de Isabel II, ha archivado la pieza abierta por un posible delito de blanqueo de capitales respecto al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a su mujer.
El magistrado Joaquín Elias, refuerzo del juzgado central de instrucción número 6, no ha visto suficientes indicios contra ellos y, en sintonía también con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, ha acordado sacarles del procedimiento junto a otros dos investigados.
Lo hace en un auto, contra el que cabe recurso y al que ha tenido acceso Efe, en el que sí ve motivos para llevar a juicio a quien fuese director gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, al considerar que podría haber participado o intervenido en actuaciones constitutivas de blanqueo.
Acuerda de este modo seguir la causa contra él y da un plazo de treinta días a las acusaciones para que formulen su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral.
Juicio del que exime a Ignacio González, que fue presidente del Canal de Isabel II y que sí se sentará en el banquillo, no obstante, por tres piezas de esta causa, bautizada como Lezo, que motivó su detención en 2017.
Entre ellas están la adjudicación a OHL de las obras del tren de Navalcarnero (Madrid) en 2007; las supuestas irregularidades en la adjudicación de dos contratos relacionados con el campo de golf del Canal; y el presunto fraude en la compra de la empresa brasileña Emissao en 2013 por parte del Canal. La Fiscalía pide para él penas de cárcel.
Sin embargo, Anticorrupción ya avanzó hace casi un año que había "elementos" que sustentaban un "eventual sobreseimiento" respecto a Ignacio González y su mujer en la pieza número 5, donde se ha investigado desde 2016 "la ocultación y afloramiento de los capitales ilícitamente obtenidos" por diversos imputados.
En su auto, el juez Gadea desarrolla los indicios que, en su opinión, existen de que Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal entre 2003 y 2009, habría ocultado ganancias cuyo origen se desconoce entre 1999 y 2014.
Por ejemplo, cita que en julio de 2008 se le hicieron llegar fondos en efectivo por 2,5 millones de euros, o que entre 1999 y 2008 "dispuso a través de cuentas abiertas en el extranjero de cuantiosos fondos -al menos 3.825.179,09 euros- cuya lícita procedencia no consta y que mantuvo siempre ocultos a la Hacienda Pública española".
Para ello, dice el juez, constituyó un entramado societario y financiero con presencia en Panamá, Liechtenstein, Suiza y Guernsey que utilizó para ocultar dichos fondos, que después acababan aflorando en España, a veces mediante "contratos simulados de préstamo en los que sus sociedades se interponían como prestamistas o prestatarias".
El juez también deja constancia de que el investigado "defraudó" a Hacienda 1,5 millones de euros y, aunque sería constitutivo de delito, ya ha prescrito.