El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, José Javier Polo, ha asegurado este miércoles que el Centro especializado de Intervención en abuso sexual Infantil (CIASI), que depende de la Comunidad de Madrid, pudo denunciar el caso de abusos sexuales que conoció este organismo en 2007 tras ofrecer asistencia psicológica a una de las presuntas víctimas del profesor del Valdeluz Andrés D.D. y ha advertido de que "nadie escapara" del análisis de su investigación para comprobar si se ha incurrido en conductas criminales.
En rueda de prensa, el máximo representante de la Fiscalía de Madrid ha destacado que el 'caso Valdeluz' está en fase de instrucción y ha insistido en que se están investigando todas las posibles conductas criminales, sin "mirar hacia otro lado". En esta línea, ha reseñado que luchan contra el oscurantismo y que la Fiscalía siempre quiere que "se aclare todo".
El pasado lunes, una de las chicas que recibió ayuda del CIASI manifestó que desde este organismo le recomendaron no denunciar los hechos. Sin embargo, la Comunidad de Madrid sostiene que en el informe consta que la psicóloga le aconsejó la conveniencia de que acudiera a los tribunales, un extremo que no quiso. Por ello, no llegó a recibir asistencia jurídica.
A preguntas sobre si el CIASI pudo denunciar, el fiscal ha replicado que "poder pudo desde luego". "No hay nada que se lo impida. Hay que examinar la relación de este organismo con los hechos. Si es un delito público tiene la obligación de denunciar", ha señalado el fiscal.
Sobre esta cuestión, ha explicado que el delito de abuso sexual a menores encaja en el tipo de delitos semipúblicos, que se denuncian a instancias de la parte perjudicada o del representante legal. En el caso de que el tutor sea el que propicia ese delito, sería la Fiscalía de Madrid.
"El protocolo de la Fiscalía en estos casos es aplicar la Ley y los otros organismos sabrán ellos cómo tienen que hacerlo", ha aseverado y ha añadido que la Fiscalía "no tira las denuncias a la papelera".
PIDE A LOS JUECES QUE LOS MENORES NO PASEN POR EL JUICIO
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid ha reclamado este miércoles que los menores víctimas de un delito no pasen por el juicio para evitar la denominada doble victimización y ha solicitado a los jueces que se aplique en estos casos la prueba constituida que constituiría en exhibir en la vista oral la grabación de una única declaración de la víctima.
Así se hizo recientemente en el caso de los hermanos menores de edad que fueron arrojados en junio de 2011 a un pozo de Algete a manos de un desconocido. En el juicio, el tribunal pudo escuchar el testimonio de los pequeños sin que estuvieran presentes en la sala.
Este tipo de prueba se realizó hace ya unas semanas en una de las declaraciones en instrucción de una víctima menor de edad del caso Valdeluz. Durante su comparecencia, un equipo psicosocial estuvo presente a instancias del fiscal en aras a que en el juicio se proyecte la grabación de la declaración.
Sobre esta cuestión, Polo ha recordado que tanto en Naciones Unidas como en la Unión Europea existen directrices en materia de exigencia penal que reclaman la protección de testigos menores de edad, una exigencia a su juicio "necesaria" para evitar que el proceso penal sea perjudicial para la víctima.
Además, el máximo representante de la Fiscalía de Madrid ha precisado que los fiscales de toda España cuentan desde 2009 con una circular dictada por la Fiscalía General del Estado relativa a la protección de los menores en los procedimientos judiciales.
"Puede existir un efecto bloqueo en estas víctimas al estar asustadas y no se puede llevar adelante la prueba. Para evitar esto se puede realizar una grabación de todos los testimonios menores de edad en una habitación con presencia virtual de todas las partes del proceso para que el menor se pueda expresar libre y espontáneamente", ha especificado el fiscal.
En esta línea, ha señalado que se trata de "preconstituir una prueba" para que ofrezcan su relato "sin una toga que les intimide". "Esta prueba se practica luego en el juicio y tiene encaje legal tras la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", ha señalado.
"Pedimos que se aplique esta jurisprudencia y reclamamos que no se origine un perjuicio innecesario a los menores. Al menor no se le puede hacer víctima de un proceso además de ser víctima de un delito", ha reseñado.
