El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha citado a declarar en calidad de investigados en el caso Lezo por su participación en la compra presuntamente fraudulenta de Inassa a dos exconsejeros del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón: Juan Bravo y Pedro Calvo.En un auto y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el juez acuerda citar a una veintena de investigados y a otros tantos testigos para aclarar las presuntas irregularidades en la compra en 2001 de la filial colombiana del Canal de Isabel II.
Aparte de emplazar como investigados entre el 9 y el 15 de enero a los exconsejeros de Gallardón Juan Bravo (actual presidente de Adif) y Pedro Calvo (que fue presidente del Canal de Isabel II), el magistrado también pide la identificación de los miembros del Gobierno regional que firmaron el contrato de compra de Inassa como paso previo a su posible imputación.
Entre ellos figura el propio Gallardón.
El juez solo fija fechas para las citaciones de catorce imputados, las personas que formaban parte del consejo del Canal cuando se compró Inassa, entre los que figuran no solo los consejeros de Gallardón, sino altos cargos de su gobierno y un consejero de la época de Joaquín Leguina, así como cargos del Ayuntamiento de Madrid cuando Gallardón pasó a ser alcalde en 2003.
Figuran el director general de Calidad y Evaluación Ambiental de Gallardón Ignacio López-Galiacho, el consejero de Presidencia con Joaquín Leguina y expresidente del Canal Agapito Ramos y el director general de Carreteras de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre en 2008 José Antonio Llanos.
También ex altos cargos del Ayuntamiento con Gallardón como su coordinador general de Movilidad Fernando Autrán, su concejal de Medio Ambiente Adriano García-Loygorri y su director general de Deportes Roberto Sanz Penacho.
Asimismo, están citados en esos días el ex secretario general de UGT y exempleado de Inassa Andrés Muñoz y el ex secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y exconsejero de Caja Madrid Roberto Molero.
El magistrado acuerda citar a declarar como investigados, en este caso sin concretar aún la fecha, a nueve personas que participaron de forma "esencial" en el proceso de compra y a otras seis "como compradores, vendedores y gestores de Inassa a través de distintas empresas interpuestas".
Entre ellas figuran Arturo Canalda, ex director gerente del Canal y actual presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid; Pablo López de las Heras, exdirector de Nuevos Negocios del Canal, y José Antonio de Cachavera, ex director económico y de desarrollo comercial del Canal.
Entre los citados sin fecha también figuran Gaspar Cienfuegos-Jovellanos, exconsejero del Canal Extensia, la empresa pública que constituyó el Canal el mismo mes de la compra de Inassa y que ejecutó la operación; y Diego Fernando García Arias, exgerente de Inassa.
Con estas diligencias, el juez De Egea pretende "impulsar" la investigación por la que fue a prisión el expresidente madrileño Ignacio González, que todavía se encuentra "en una fase muy incipiente".
Según Anticorrupción, la operación de compra del 75 % de Inassa por 73 millones de dólares se hizo mediante Canal Extensia, pero no se adquirió directamente a Inassa sino a través de una empresa interpuesta, la panameña Sociedad Aguas de América.
Una operación que para la Fiscalía adoleció de "un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público", que se centraron principalmente "en la forma en que se planificó y ejecutó la adquisición de la sociedad Inassa, así como en la determinación del precio de compra y restantes condiciones estipuladas en el contrato".
Hay además "claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que Canal de Isabel II debió velar".
La operación la aprobó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 29 de noviembre de 2001, pese a tener un dosier desaconsejando la compra de la colombiana a través de la sociedad de Panamá.
Nada más conocerse la noticia, Ciudadanos, Podemos y PSOE han pedido la dimisión de Arturo Canalda. El ya imputado preside la Cámara de Cuentas, órgano fiscalizador del dinero de la Comunidad.
El pacto PP-C's obliga a la dimisión de altos cargos imputados, pero fuentes del Gobierno aducen que Canalda fue nombrado por la Asamblea y en época de Ignacio González. Por tanto quedaría fuera del pacto. Salvo que sea él quien dimita.
