El secretario general del PSM y candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad, Tomás Gómez, ha acusado desde El Boalo al Ejecutivo autonómico de gestionar "realmente mal" la transición a la TDT "pagando el pato" las zonas rurales.
Tras reunirse con el alcalde de El Boalo, Javier de los Nietos, y representantes socialistas de municipios de la zona, Gómez ha afeado al Gobierno regional que "sin ningún motivo ni fundamento legal les quiere endosar el pago del mantenimiento de los repetidores de las televisiones digitales".
"Madrid es la única Comunidad Autónoma que dejará sin señal de TDT a dos de cada cien madrileños", ha añadido. Son principalmente las poblaciones de la comarca del Lozoya y del Guadarrama las que están viéndose afectadas en este apagón analógico por una situación que se traduce en la no visualización de algunos canales de TDT, sobre todo el de la cadena autonómica Telemadrid.
"Los ayuntamientos estamos siendo requeridos por las empresas de mantenimiento de las antenas para asumir los costes directos del mantenimiento de algunos canales de los que no se hacen cargo las productoras de televisión", ha explicado el alcalde de El Boalo.
De este modo, aunque no existen ni contratos directos con estas empresas ni convenios de mancomunidades de pago, los consistorios se están viendo obligados a dar la cara ante un problema del que la Comunidad de Madrid se esconde, han denunciado los presentes.
"La Comunidad de Madrid parece que circula por una autovía como conductor suicida y va en sentido contrario que el resto de comunidades autónomas", ha lamentado Tomás Gómez, quien ha señalado que el mantenimiento de los repetidores supondría al Consistorio de El Boalo unos 7.000 euros anuales y "todo porque la Comunidad se niega a hacer frente a unos pagos de los que estos ayuntamientos, pequeños y con pocos recursos, no son legalmente responsables".
El socialista ha recordado que la Comunidad de Madrid adjudicó a Abertis Telecom el concurso público para la extensión e impulso de la TDT en la región utilizando fondos europeos y que en 2013 la Comisión Europea dictaminó que esas ayudas públicas debían devolverse al considerarlas subvenciones ilegales por discriminar a otras tecnologías.
