El presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha pasado su primera noche en prisión acusado de liderar una organización criminal que saqueó el Canal de Isabel II para enriquecimiento personal entre otros delitos. Las explicaciones que le dio al juez Velasco anoche no le convencieron.
El juez Velasco investiga, entre otras operaciones presuntamente fraudulentas, el desvío de fondos del Canal de Isabel II por importe de 23 millones de euros a través de sociedades y filiales en Latinoamérica. Imputa a los detenidos presuntos delitos de pertenencia en organización criminal --un cargo del que de momento no acusa la Fiscalía Anticorrupción--, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.
En concreto, Velasco relaciona a González con La compra en 2013 por Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II, del 75 por ciento de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes. La operación supuso, según el juez, el desvío de 25 millones de dólares (23,3 millones de euros) del patrimonio público madrileño y se realizó "a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales" mediante un mecanismo de "premeditada sobrevaloración del precio de compra de las participaciones".
El instructor del 'caso Lezo' atribuye además al expresidente madrileño del PP responsabilidad en facturaciones ficticias y manejo habitual de dinero en efectivo, según las mismas fuentes.
Asimismo, Ignacio González habría desviado de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM), dependiente de la administración regional, un millón de euros para sanear las cuentas del PP de Madrid, según el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ha decretado este viernes prisión incondicional para el exmandatario.
Fuentes jurídicas han señalado que entre los indicios delictivos que el juez de la 'Operación Lezo' atribuye al expresidente madrileño también está el cobro de una comisión de 1,4 millones de euros por parte de OHL que habría sido autorizada por el consejero de la constructora Javier López Madrid, igualmente detenido en esta operación, y para quien el magistrado ha acordado la puesta en libertad siempre que deposite 100.000 euros de fianza antes de las 12 horas del próximo 28 de abril. El pago de dicha comisión se habría llevado a cabo a través de un banco con sede en Suiza.
El pago está vinculado, de acuerdo con las pruebas recabadas por la UCO y aportadas al sumario, con el fallido proyecto de unión ferroviaria entre los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero. La información sobre este pago tendría su origen en los requerimientos que la Guardia Civil realizó este jueves en la sede de OHL y de otras empresas como Indra, Saerco, Licuas y PwC, en este último caso por los proyectos de la agencia pública ICM.
Se da la circunstancia de que la ICM es una de las empresas públicas implicadas en el 'caso Púnica' por su mediación en los trabajos encargados al presunto 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro, para realizar trabajos de reputación online en beneficio de otros dirigentes del PP de Madrid.
GONZÁLEZ PROPUSO A ZAPLANA MONTAR UNA ESTRUCTURA OPACA PARA BLANQUEAR
El expresidente madrileño Ignacio González propuso al exministro Eduardo Zaplana "montar una estructura financiera" opaca en el extranjero para "canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo".
Por su parte, el exministro de Trabajo, Asuntos Sociales y portavoz del Gobierno entre 2002 y 2004, Eduardo Zaplana, ha negado hoy, en una declaración a Efe, haber tenido "ninguna sociedad ni relación mercantil" con Ignacio González.
Según afirma el juez Eloy Velasco en el auto de prisión de González por la operación Lezo, al que ha tenido acceso Efe, en una de las llamadas pinchadas por la UCO González propone a Zaplana crear esa estructura a través de un abogado uruguayo que se caracteriza por facilitar a sus clientes estructuras en países como como Holanda, EEUU o Uruguay.
"El hecho de que pretenda recurrir a la estructura societaria de Fernando Belhot (el abogado) podría obedecer a que Ignacio González busca un cauce adecuado para introducir fondos radicados en el extranjero con los que materializar las inversiones y que, de acuerdo a la información tributaria, no están declarados".
Según el auto, González también adquirió junto con Zaplana el 50 por ciento de una sociedad relacionada con este mismo abogado que controlaría los derechos de patente de un producto de desinfección de agua.
En otro momento del auto, el juez también menciona a Zaplana cuando afirma que hay evidencias de que González planeó usar su influencia y la del exministro para tratar de favorecer los intereses de un empresario respecto a un litigio que mantenía con el Ministerio de Defensa "mediando una contraprestación económica".
VELASCO SEÑALA QUE PABLO GONZÁLEZ SE "HABRÍA" REUNIDO CON UN "SECRETARIO DE ESTADO"
Asimismo, Velasco señala que Pablo González, hermano del expresidente madrileño, se "habría" reunido con un "secretario de Estado" (sin especificar el departamento). El encuentro habría tenido lugar, según el auto judicial, después de que ambos hermanos hablaran "de una posible investigación policial" al expresidente madrileño.
Por su parte, fuentes del Ministerio del Interior reconocieron a Efe que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y Pablo González se reunieron a petición de éste el pasado 8 de marzo, pero que la misma "fue puramente protocolaria" y que "no duró más de 15 minutos".
El juez considera que González también recurrió a uno de los imputados en el caso, el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, que declaró esta semana ante el juez.
En el auto se habla también de las actividades supuestamente delictivas de su hermano Pablo, quien "conoce de primera mano casos de pagos a sobornos relacionados con determinadas empresas licitadoras del sector público como fue el caso del vídeo marcador del Palacio de los Deportes de Madrid". El auto añade que Pablo González "reconoció el pago de comisiones en terceros países, concretamente en Argentina y Venezuela".
En este último país, el hermano del expresidente madrileño afirmó que la empresa para la que trabajaba recibió un contrato de 30 millones y "se pagaron 3 millones en comisiones, algunas de las cuales reconoce que pagó él".
CAMPO DE GOLF DE CHAMBERI
La 'operación Lezo' se inició el miércoles a primera hora con la detención de Ignacio González y de su hermano Pablo y su cuñado, José Juan Caballero.
La investigación judicial señala a los dos últimos por su posición destacada dentro de un entramado al que se le atribuye, entre otros, el delito de organización criminal. Ambos han sido enviados este viernes a prisión, eludibles bajo el pago de sendas fianzas de 4 millones y 100.000 euros, respectivamente.
Concretamente, Pablo González y José Juan Caballero están acusados de ser los promotores de la construcción del campo de golf en Chamberí, en el centro de Madrid, tras una polémica venta de suelo hasta entonces propiedad del Canal de Isabel II. En esta operación también habría participado el expresidente madrileño, según los indicios que obran en la causa que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.
Según la investigación judicial, Pablo González y José Juan Caballero crearon empresas 'ad hoc' primero para la construcción y, posteriormente, para la explotación y mantenimiento, de un campo de golf en Chamberí sujeto a una fuerte controversia, ya que contó con el rechazo de algunas plataformas vecinales y de partidos de la oposición que cuestionaban el procedimiento y utilidad de este tipo de instalación.
González ha negado, durante cerca de tres horas de interrogatorio, todos los hechos que le imputan y ha afirmado que siempre ha actuado en el plano de la legalidad, según fuentes de la acusación.
