El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado a prisión sin fianza al expresidente madrileño Ignacio González, detenido el pasado miércoles en el marco de la operación Lezo, donde se investigan irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II, han informado fuentes jurídicas.
El expresidente madrileño Ignacio González ha negado ante el juez Eloy Velasco todas las supuestas irregularidades que le imputa el magistrado, según han informado a Efe fuentes jurídicas.
Durante el interrogatorio se han reproducido varias conversaciones pinchadas en las que aparece González de interlocutor.
González ha declarado durante dos horas y cuarenta y cinco minutos ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga presuntos desvíos de fondos de la entidad pública, que fue presidida por el exmandatario madrileño entre 2003 a 2012.
Las mismas fuentes han indicado que algunas de las preguntas que le han hecho han versado sobre por qué no denunció ciertas irregularidades a su llegada al organismo en 2003.
Tras su declaración, el fiscal ha pedido al juez su ingreso en prisión sin fianza, medida que finalmente ha sido ratificada por el magistrado.
González es uno de los siete detenidos que declaran durante la jornada de hoy ante el juez.
Entre otros asuntos, el juez le achaca irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II, en concreto la compra en 2013 por Inassa, filial sudamericana de la empresa del agua, de la compañía brasileña Emissao Engenharia e Construoes, por un precio muy superior a su valor real, que supuso una pérdida de 25 millones de dólares para la empresa pública madrileña.
González ha negado también haber cobrado comisiones por la construcción de un campo de golf en los terrenos del Canal en el centro de Madrid y por la adjudicación de tren de Navalcarnero que nunca se construyó. En estos asuntos también participaron su hermano, Pablo, y a su cuñado, Juan José Caballero, que también han comparecido hoy ante el juez y se han acogido a su derecho a no declarar.
Ambos fueron detenidos el miércoles en el marco de la operación Lezo, en la que el juez Velasco investiga presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González llegó poco antes de las 13.00 horas a la Audiencia Nacional, donde tuvo que esperar casi cinco horas en los calabozos a ser llamado a declarar ante el juez Eloy Velasco.
González y el consejero de la constructora OHL Javier López Madrid, yerno del empresario y exministro Juan Miguel Villar Mir, han sido trasladados en el mismo transporte a la Audiencia Nacional desde la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, donde el expresidente ha pasado dos noches en sus dependencias.
Velasco ha dejado en libertad sujeta al pago de una fianza de 100.00 euros al consejero de OHL Javier López Madrid, detenido en la Operación Lezo por presunta financiación ilegal del PP de Madrid y que tambien ha prestado declaración ante él. El fiscal había pedido para el empresario prisión eludible bajo fianza de un millón de euros.
El último en declarar ante el juez instructor de la operación ha sido el exconsejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, que también ha quedado en libertad que se convertirá en prisión si no deposita 100,000 euros antes del 28 de abril.
PRISIÓN INCONDICIONAL PARA EDMUNDO RODRÍGUEZ SOBRINO, EL HOMBRE FUERTE EN LATINOAMERICA
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza para Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte en Latinoamérica del expresidente madrileño Ignacio González, detenido en la operación Lezo. Fuentes de la investigación han informado a Efe de la decisión del juez, acorde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte en Latinoamérica del expresidente madrileño Ignacio González, ocultó en un banco suizo una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, que regularizó en 2012 acogiéndose a la amnistía fiscal. Así consta en uno de los autos de registro dictados por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, al que ha tenido acceso Efe, y en el que se detallan algunos de los indicios contra Rodríguez, cesado hace un año como presidente de Inassa, la filial latinoamericana del Canal de Isabel II.
El juez cree que fue el responsable de las propuestas para que el Canal invirtiera en 2013 un total 31 millones de dólares en la compra de la brasileña Emissao, empresa que fue "hipervalorada ficticiamente", hasta el punto de que su patrimonio neto al cierre de aquel año era de 10,2 millones de dólares y en tan solo dos años había descendido a 5 millones de dólares.
En opinión del magistrado, el desfalco a las arcas públicas tan solo en la compra de esa empresa ascendería a unos 25 millones de dólares (23,3 millones de euros al cambio actual).
También sabe que ocultó en un banco suizo una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, de "origen desconocido", que regularizó en 2012 acogiéndose a la amnistía fiscal. Y tiene indicios de que una hija de Rodríguez, imputada en el caso, controla el patrimonio oculto de su padre y que pudiera ser titular de bienes muebles e inmuebles, algunos en el extranjero, que en realidad serían de él.
El juez ha dejado en libertad a la exsecretaria de Sobrino, Clarisa Guerra, aunque le ha impuesto comparecencias mensuales en el juzgado.
PRISIÓN ELUDIBLE CON FIANZA PARA MARIA FERNANDA RICHMOND Y ADRIAN MARTÍN
Velasco decretó anoche el ingreso en prisión provisional eludible bajo el pago de una fianza de 4 millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond y de 100.000 euros para el exgerente Adrián Martín, quienes fueron los primeros en pasar a disposición del juez en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la empresa pública de gestión del agua.
Velasco les imputa los delitos de pertenencia en organización criminal --un cargo del que de momento no acusa la Fiscalía Anticorrupción--, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos. Estas dos personas están presuntamente relacionadas con la adquisición irregular de la empresa brasileña Emissao Engenharisa e Construçoes que hizo el Canal de Isabel II en 2013 por un importe de 23 millones de euros.
Además el juez ha tomado declaración en calidad de investigado al empresario Adrián de la Joya por su implicación en la trama relacionada con el cobro de una comisión de la multinacional OHL, y le ha dejado en libertad sin medidas cautelares.
LA UCO CREE QUE GONZÁLEZ BLANQUEÓ DINERO A TRAVÉS DE SU PADRE, DE 90 AÑOS, QUE SE ENCUENTRA EN ARRESTO DOMICILIARIO
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González blanqueó dinero utilizando a su nonagenario padre, Pablo González Liberal, que se encuentra bajo arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud, ya que precisa de una botella de oxígeno por problemas respiratorios, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
Pablo González Liberal atesora una extensa trayectoria política primero en Alianza Popular y luego en el Partido Popular, donde llegó a ser secretario general técnico del grupo parlamentario en el Senado tras las elecciones de 2004.
Desde que estallara la 'operación Lezo' en la que se detuvo a Ignacio González, el padre de éste se encuentra bajo arresto domiciliario, a la espera de determinar el papel que jugó en el entramado con el que supuestamente se lucraron el expresidente de la Comunidad de Madrid y otros miembros de la familia también detenidos o señalados por los investigadores.
Ignacio González fue arrestado el miércoles junto a su hermano Pablo y su cuñado, José Juan Caballero, en ambos casos por su relación con la construcción del campo del golf en Chamberí, en el centro de Madrid, y tras una polémica venta de suelo propiedad del Canal de Isabel II. Esta empresa pública de aguas es una de las mercantiles en el epicentro de la 'operación Lezo'. La investigación también reúne indicios de delito de la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, por la vinculación de su empresa Subastas Segre en el entramado que lideraba el expresidente madrileño.
