El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, afirma que al exconsejero madrileño Francisco Granados y a su socio David Marjaliza les rendían "pleitesía" determinados "cargos políticos y funcionarios", entre los que se contaba un guardia civil, según se desprende de los pinchazos telefónicos del sumario.
En el auto de levantamiento del secreto del sumario de esta causa, que desgrana los hechos presuntamente delictivos que se achacan a los principales investigados en esta supuesta trama de corrupción, el juez detalla que el caso suma ya 92 personas imputadas por delitos de corrupción.
Algunos de los indicios contra ellos son los pinchazos telefónicos hechos hasta octubre del año pasado, cuando se destapó la operación Púnica, que confirman "la frecuente utilización de las relaciones personales e influencias políticas" por parte de los supuestos cabecillas de la trama, Granados y Marjaliza, ambos en prisión.
Estas influencias las usaban para conseguir adjudicaciones a empresas de la red, sobre todo por parte de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Valdemoro, del que fue alcalde Granados, pero también en Murcia, Valencia y León.
Así, según el juez, las escuchas permitieron ampliar el conocimiento sobre "el alcance de la influencia" que ejercían Granados y Marjaliza, "hasta llegar a evidenciar la pleitesía que les rendían determinados cargos políticos y funcionarios", entre los que se encuentra un guardia civil imputado que les avisó de que se les estaba observando.
El chivatazo del agente a Granados informándole de la instalación de un dispositivo de grabación cerca de una empresa de Marjaliza "conllevó que este imputado pudiese adoptar todo topo de precauciones con el consiguiente perjuicio para la investigación".
De las intervenciones telefónicas se puso en evidencia un "complejo entramado societario" creado por Marjaliza y gestionado y dirigido por su secretaria, Ana María Ramírez, con la cooperación de varios imputados más, uno de ellos director de una sucursal bancaria.
Los negocios fraudulentos de Marjaliza pasaban por conseguir contratos públicos para sus empresas y también por actuar de "conseguidor" de estos contratos para terceras personas a cambio de una comisión, como fue el caso de adjudicaciones a Cofely y Afedel para la gestión de colegios concertados y contratos de eficiencia energética en varios municipios madrileños, todo ello con la ayuda de funcionarios y políticos de los ayuntamientos.
La causa, relata el juez, se inició por una querella de la Fiscalía Anticorrupción tras hallarse cuentas sospechosas en Suiza a nombre de Granados y Marjaliza, así como transferencias con Singapur a una empresa de este último justificadas como exportaciones de obras de arte.Estos movimientos de dinero desde Suiza a Singapur y desde Singapur a España, relata el juez, fue un "ardid para justificar el retorno de parte del dinero", usando la empresa creada por Marjaliza en el país asiático.
La Guardia Civil constató además en la investigación "dudosas actuaciones y contrataciones" en diversos municipios madrileños, sobre todo Valdemoro, y en la Comunidad de Madrid, que evidenciaban "la posible entrega de comisiones por la obtención de ventajas urbanísticas" y "dudosos traspasos de inmuebles" desde el Ayuntamiento de Valdemoro a Granados y Marjaliza.
Esto supuso, según explica el juez resumiendo la querella de Anticorrupción, "la consecución de importantes plusvalías, ventas de parcelas públicas en la época del 'boom' inmobiliario presuntamente infravaloradas y la adjudicación a empresas" de Marjaliza.
Entre otras cosas, Anticorrupción sospecha que las personas de la trama pudieron haber depositado en Suiza "importantes ganancias ilícitas" y recibido "dádivas" y "regalos", en ocasiones en forma de chalés en la urbanización Playas del Arenal en Marbella.También sospecha de la construcción de una vivienda unifamiliar en el sector El Caracol de Valdemoro por parte del matrimonio Granados.
