El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha citado como investigada a la exjefa de los servicios jurídicos en la Asamblea de Madrid en relación a los contratos de adjudicación de los servicios de cafetería en la sede del parlamento madrileño al empresario Arturo Fernández en 2009.
Según han informado fuentes jurídicas, el juez ha citado para el 18 de octubre a Tatiana Sonsoles Recorder para interrogarla acerca de esta adjudicación, que llevó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a pedir que se investigara al respecto a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y también por otra de 2011.
Ella entonces presidía la mesa de contratación de esas licitaciones como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y a su vez participó en los comités de expertos que decidieron la concesión al grupo de Arturo, empresario que previamente había ingresado 160.000 euros en la fundación Fundescam que se utilizaron presuntamente para financiar ilegalmente al PP.
El anterior instructor de Púnica, Eloy Velasco, decidió no proceder contra Cifuentes por entender que no hay pruebas de que esté implicada en la presunta financiación ilegal del PP madrileño, que se investiga en una de las 14 piezas separadas de Púnica.
Lo que sí constató Velasco, en un auto del 6 de marzo, es la existencia de "sólidos indicios" que acreditarían que empresarios como Arturo Fernández "fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos vinculados con la Asamblea de Madrid en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes".
Contratos "donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas", afirmaba sin aludir a Cifuentes.
"Los procedimientos de adjudicación de las cafeterías y servicios presentaban irregularidades por su falta de motivación, baremación y ponderación de las ofertas, posicionándose en favor del grupo de Arturo Fernández desde los trámites de informe", indicaron también en un escrito las fiscales del caso.
A su juicio, el sistema de recompensa a donantes del PP con contratos públicos era otro de los caminos utilizados para la "financiación irregular de excesos electorales".
LA OPOSICIÓN CONFÍA QUE LA INVESTIGACIÓN LLEGUE HASTA EL FINAL, "CAIGA QUIEN CAIGA"
Los grupos de la oposición en la Asamblea han celebrado hoy la decisión del juez del caso Púnica de citar como investigada a la exjefa de los servicios jurídicos en la Cámara regional por la adjudicación de los contratos de la cafetería, para llegar "hasta el final" con la investigación, "caiga quien caiga".
"Si alguien ha hecho algo que lo pague, sea la presidenta de la Comunidad o sea quien sea. Todo el mundo tiene que responder ante la ley y ante los ciudadanos", ha dicho Encarnación Moya, la portavoz del PSOE-M en la comisión de investigación por corrupción de la Asamblea, que abordó la adjudicación de los contratos del servicio de la cafetería de la Cámara regional al empresario Arturo Fernández en 2009 y 2011.
La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha comentado que la UCO señalaba como primera responsable a Cifuentes por "el amaño" de los contratos de la cafetería de la Asamblea y también a otras personas, como la actual letrada de la Asamblea, a quien cita como investigada a declarar.
Desde Cs consideran que es "lo más lógico" que el juez cite como investigada a la letrada jefe de Asesoría Jurídica de la Asamblea por el tema de los contratos de la cafetería, "donde Cifuentes puede estar entrometida", ha dicho su portavoz adjunto, César Zafra.
El parlamentario ha destacado que Tatiana Recorder se acogió a su derecho de no declarar en la sesión de la comisión de investigación por corrupción que abordó este tema el pasado mes de junio, donde todos los comparecientes "apuntaron a ella como la principal responsable" de cómo se hizo esa adjudicación. "Se empieza a resquebrajar la estructura que había en la Comunidad de Madrid", ha subrayado Zafra, al tiempo que ha indicado que "el tema era mucho más serio de lo que nos han querido vender por parte del PP y Cifuentes".
Por su parte, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha señalado que el juez quiere aclarar "determinadas cuestiones técnicas" y por ello, ha citado a una persona que participó en la redacción de los pliegos y propuestas de valoración. "Ser investigado en el mundo político es terrible pero en el mundo técnico es tener mas garantías procesales", ha dicho.
