La Justicia ha paralizado el precintado de unas viviendas en la calle del Príncipe que, desde julio de 2018 funcionaban como pisos turísticos ya que la empresa "ya no ostenta la posesión de los apartamentos" y el Ayuntamiento asegura que "tiene las manos atadas" con la normativa de regulación de vivienda uso turístico actual. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 34 de Madrid ha adoptado la medida cautelar urgente de suspender la ejecución de la orden de precinto de 39 viviendas en la calle del Príncipe prevista para el día 17 de octubre.
La empresa recurrente (Likehomemadrid Renting Apartments in Center S. L.) ya no cuenta con esos edificios en propiedad y se han dado de bajo como tales ante el organismo autonómico competente, "por lo que la ejecución del precinto carecía de sentido", se señala en el auto. Asimismo, aclara que existe "una orden de cese y clausura del ejercicio de la actividad de apartamentos turísticos impuesta a la recurrente en virtud de resolución de 5 de julio de 2018, que es firme y consentida".
En el auto emitido el pasado viernes y al que ha tenido acceso Efe, la juez da tres días de plazo para presentar alegaciones y fuente municipales han asegurado a Efe que van a mostrar su disconformidad con el auto. Fuentes municipales de Desarrollo Urbano, han afirmado a Efe que el Ayuntamiento está "atado de pies y manos" debido a la legislación vigente, impulsada por el anterior equipo de Manuela Carmena, y ha reseñado que pese a los "esfuerzos realizados, no tiene margen de maniobra". "La normativa actual no sirve.
La consecuencia es que los vecinos quedan desprotegidos y los problemas de convivencia, entre otros, continúan", ha aseverado desde el Consistorio. Han reiterado que la normativa del pasado mandato "sumergen a las viviendas turísticas en el mercado negro" y se han comprometido a trabajar con "cautela, rigor y sentido común" para disipar en el problema de los pisos turísticos en la capital.
El actual Gobierno del Ayuntamiento de Madrid esperará el pronunciamiento de los tribunales para cambiar la normativa que regula las viviendas de usos turísticos (VUT) en la capital, aprobada por el anterior equipo de Manuela Carmena y recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
