La Comunidad de Madrid ha acusado al Ejecutivo central de "vulneración de competencias" por la propuesta de poner en marcha un abono transporte mensual de 10 euros financiado a través de un fondo extraordinario dotado con 560 millones de euros.
Esta iniciativa se encuentra en estudio como parte de la actualización del decreto contra las consecuencias de la guerra de Ucrania y parte del ministerio de Derechos Sociales.
"No es más que otra medida coyuntural, un simple parche a un problema mucho más profundo que requiere medidas serias", han reprochado fuentes de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, quienes han afeado, además, que el Gobierno no haya actualizado en diez años su aportación al transporte madrileño.
Entienden que no se puede "imponer" esta medida a las autoridades autonómicas y locales que tienen las competencias al respecto y han cifrado en 200 millones de euros cada seis meses las "pérdidas" que supondrían a la Comunidad.
Al hilo, han asegurado que en caso de que la medida se prolongara en el tiempo debería tener un "respaldo financiero permanente" que han indicado que "no se ha garantizado" a la Comunidad.
"En vez de estas medidas de propaganda, desde el Gobierno central debieran procurar establecer unos criterios claros de reparto de fondos destinados a las comunidades autónomas para el transporte público", han añadido.
Por su parte, el consejero del ramo, David Pérez, ha cargado en el Global Mobility Call contra una propuesta "demagógica e improvisada" y ha reclamado al Ejecutivo "diálogo, respeto, rigor, seriedad y financiación".
"Para que una administración pueda hacer una propuesta seria tiene que acompañarla de la correspondiente financiación. Ese abono significa 400 millones de euros en Madrid, cuando se acerque a nosotros con esos 400 millones de euros podrá formular esa propuesta", ha lanzado.