La Comunidad de Madrid pondrá a disposición de las mujeres transexuales todos los recursos de asistencia contra la violencia machista en igualdad de condiciones que el resto de las mujeres través de la nueva Ley de identidad de género autonómica, cuyo anteproyecto se ha aprobado.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a este borrador y al de la Ley de protección contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, que recoge medidas educativas, sanitarias, sociales y laborales, entre otras.
El objetivo de las dos normas es facilitar la igualdad e impulsar medidas para luchar contra la discriminación por motivos de identidad sexual de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI). Cifuentes ha indicado que estas normas cubrirán un "vacío legal importante" para garantizar la seguridad física y jurídica de todos los ciudadanos.
El anteproyecto de Ley de identidad de género recoge actuaciones de protección de las víctimas en casos de discriminación por motivo de su identidad sexual, de formación de profesionales y de sensibilización ciudadana. Incorpora novedades como un protocolo de menores para la promoción en los centros educativos públicos y privados de acciones que permitan detectar, prevenir y corregir discriminación o acoso hacia menores transexuales.
Igualmente, impulsa medidas positivas para favorecer la integración laboral de las personas transexuales; determina protocolos de actuación en casos de acosos escolar -'bullying'- transfóbico. En cuanto a la atención sanitaria, la norma determina que el Servicio Madrilelo de Salud proporcionará servicios de transexualización y garantizará la existencia de una unidad de transexualidad que definirá un protocolo de intervención con menores.
Cuando lo aconsejen los profesionales, la norma establece la posibilidad de suministrar inhibidores hormonales a los menores como paso previo al proceso transexualizador -que podrá iniciarse una vez alcanzada la mayoría de edad-.
Para eliminar la concepción y tratamiento de la transexualidad como un trastorno de identidad -patologización-, la Comunidad de Madrid emprenderá medidas como renombrar la Unidad de trastornos de identidad de género (UTIG), que pasará a llamarse Unidad multidisciplinar de identidad de género (UMIG).
También se refiere al derecho de admisión y en este caso contempla, según ha recalcado Cifuentes, que en ningún caso se podrá limitar o denegar el derecho de entrada a los transexuales y que los tribunales deberán adoptar las medidas necesarias.
El anteproyecto fija un régimen sancionador para las infracciones administrativas en materia de transgresión de los derechos de las personas transexuales, intersexuales y transgénero que alcanza multas de hasta 45.000 euros en infracciones muy graves y la prohibición de contratar con la administración, organismos autónomos o entes públicos por un periodo de hasta dos años.
Por su parte, el anteproyecto de la Ley de protección contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género contempla dar cobertura legal como servicio público permanente y especializado al actual Programa LGTB de la Comunidad de Madrid, que pasará a denominarse Programa LGTBI -para incorporar en la denominación a los intersexuales-.
Este programa puesto en marcha en 2002 y definido como "modelo de buena práctica" por el Consejo de Europa ha realizado atendido a más de 7.500 personas en la Comunidad de Madrid a través de 11.000 actuaciones en la que han participado más de 5.000 profesionales.
Como novedades, el anteproyecto de la Ley de protección contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género establece apoyos a asociaciones deportivas LGTBI; medidas para evitar el ciberacoso en Internet y una reforma del Observatorio del racismo y la intolerancia para incorporar a su actividad la discriminación del colectivo LGTBI.
El anteproyecto recoge infracciones administrativas leves, graves y muy graves que tipificarán, por ejemplo, situaciones de ciberacoso, emisión de mensajes discriminatorios, incitación a la discriminación y prácticas de acoso en función de la identidad sexual, con sanciones de 3.000 a 45.000 euros.
La sanciones contemplan la prohibición de acceder a ayudas públicas e incluso inhabilitación temporal. Los dos borradores de anteproyecto iniciarán ahora un trámite de diálogo con profesionales especializados, entidades del sector, administraciones públicas y partidos políticos, a los que se les remitirá el borrador, con el fin de alcanzar el "máximo consenso posible".
Cifuentes y el consejero de Políticas Sociales se reunirán mañana con colectivos LGTBI para promover también su participación en la tramitación de esta ley.
