La jueza del caso Máster ha citado a declarar como testigo el próximo día 31 al consejero madrileño de Educación e Investigación, Rafael Van Grieken, para que aclare qué pasó en la URJC el 21 de marzo, cuando estalló el escándalo del título de maestría de la expresidenta regional Cristina Cifuentes.
La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha admitido citar a Van Grieken a petición de Enrique Álvarez Conde, exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y principal imputado.
Aunque la diligencia no es "esencial", dice la magistrada en un auto, sí es "pertinente", dado que el consejero madrileño "fue uno de los interlocutores, directo o indirecto a través de su personal, del rector Javier Ramos" el día en que saltó la noticia, desvelada por eldiario.es.
Hechos, prosigue la jueza, "que culminaron con la indiciaria falsificación del acta de trabajo fin de máster" de la expresidenta madrileña.
El mismo Van Grieken, reprobado por la Asamblea de Madrid a raíz de la "crisis institucional" abierta tras el caso, admitió que pidió "institucionalmente" al rector de la URJC, Javier Ramos, toda la documentación pertinente para "aclarar las informaciones que habían aparecido" sobre el máster de Cifuentes.
Otro de los motivos por los que Álvarez Conde solicitó la declaración del consejero madrileño -a la que la Fiscalía se negó- obedece a las "responsabilidades sobre el Instituto" que Van Grieken tuvo entre 2002 y 2012, cuando fue vicerrector de Investigación de la URJC.
Según el catedrático, a Van Grieken "le competía estar pendiente, bajo la dirección del rector, de la actividad de los institutos universitarios" y, desde 2015 hasta ahora, es "el máximo responsable de la URJC por su condición de consejero de Educación".
También a petición de Álvarez Conde, la jueza ordena a la Policía que identifique a los titulares de los teléfonos que realizaron o recibieron llamadas el día en que estalló el caso.
Sin embargo, rechaza solicitar un nuevo informe sobre las firmas de seis actas de trabajos de fin de máster de compañeros de promoción de Cifuentes, atribuidas a Álvarez Conde y de las que éste se desvincula.
Tampoco admite pedir a la URJC información sobre las personas que accedieron a los despachos de Álvarez Conde para esclarecer la supuesta desaparición de información y el borrado masivo de correos (unos 5.400) entre 2008 y 2014, periodo que incluye los cursos de maestrías de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón.
Una diligencia "inútil", a ojos de la jueza, teniendo en cuenta que no está relacionada con la investigación que ha quedado en el juzgado tras archivar buena parte del caso, y que ahora únicamente se circunscribe a la presunta falsificación del acta de defensa del trabajo de fin de máster (TFM) de Cifuentes.
En otro auto, la jueza rechaza una vez más, como dijo la Audiencia Provincial de Madrid, que su investigación sea general y prospectiva, como señaló Álvarez Conde en uno de sus recursos, ahora desestimado.
Lo hace a sabiendas de que dicho recurso carece ya de finalidad, dado que buena parte de la causa ha sido archivada, por lo que se diluye este argumento de Álvarez Conde, que siempre le reprochó a la jueza estar investigando sin parangón cualquier resquicio de los títulos de máster de Derecho Público del Estado Autonómico que se impartían en la URJC.
