Los votos de Ahora Madrid y PSOE, en una proposición conjunta, han sacado adelante el dictamen favorable en la comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto para que el reglamento orgánico del Pleno se modifique, de modo que pueda comparecer alguien que no sea concejal, en este caso concreto el director de la Oficina contra la Corrupción.
El PP ha presentado una enmienda a la totalidad y otra transaccionada con Ciudadanos, que no han prosperado. La portavoz socialista, Purificación Causapié, ha defendido el carácter "objetivo, independiente" del gobierno y de los grupos municipales" por parte de la oficina, para lo que es necesario que su director dé cuenta ante el pleno de la labor realizada, además de dar viabilidad así a su labor.
Causapié ha argumentado que en el Parlamento andaluz, por ejemplo, comparece el Defensor del Pueblo andaluz, es decir, que "participa pero no vota en el pleno" porque no es concejal. Tras estudiar los informes de Asesoría Jurídica, la edil ha destacado que son "muy adecuados" y no dan con visos de ilegalidad alguna.
El tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, ha remarcado el carácter independiente de la oficina, por lo que pasó a depender de la secretaría del Pleno y no de un área concreta de gobierno. Se ganaba así, ha explicado, en autonomía. "Estamos abiertos a estudiar fórmulas para que la rendición de cuentas, la información se pueda facilitar de la forma más accesible posible. No es un problema de cómo se informa al pleno, siempre que se respete su independencia", ha apostillado.
La portavoz del área de Ciudadanos, Silvia Saavedra, ha explicado su voto en contra diciendo que no se puede comparar al defensor del pueblo andaluz, "un alto comisionado de las Cortes para salvaguardar derechos fundamentales", con el director de una oficina que llevará a cabo las que ha denominado como posibles "actividades antiderechos fundamentales". "Es la oficina de la patada en la puerta", ha criticado.
Cree que tendría más sentido que compareciera en pleno tanto el coordinador de Alcaldía, Luis Cueto, como la gerente de la ciudad, Carmen Román. A eso ha añadido que el director de la oficina tendrá más tiempo de comparecer en el Pleno que cualquier concejal (25 minutos), además de "sobrecargar" a este foro. Ella sería partidaria de que compareciera en comisión, como en el Parlamento catalán.
El concejal del PP Percival Manglano ha lanzado que tanto la ley de Bases Locales como el real decreto "dejan claro que el pleno está constituido por los concejales y el alcalde y punto". "No puede comparece nadie más. Ni Luis Cueto ni Carmen Román, que se sientan en la Junta de Gobierno, pero ahora una persona con un rango muy inferior al de la gerente de la ciudad sí comparecera en el pleno", ha dicho.
"Lo que quieren (a Ahora Madrid y PSOE) es que el pleno comparezca ante este director antifraude, lo que quieren es dar foco mediático a esta persona, a la que no se le va a fiscalizar", ha lanzado Manglano, que ha vuelto a definirle como un "sheriff". Incluso ha planteado si esta dación de cuentas ante el pleno no sea una exigencia de esta persona "para sacar pecho y que se le conozca".
"Lamento que tengan tanto miedo al fraude y la corrupción", le ha contestado Causapié, que ha explicado que si Román no comparece en el Pleno es porque no fue nombrada por él y se rige por otros estatutos y reglamento. "Quieren quitarle importancia a esta oficina pero nosotros estamos empeñados en combatir el fraude, la corrupción o cualquier sospecha a pesar de la oposición de PP y Ciudadanos", ha terminado.
Valiente puede entender que PP y Ciudadanos entiendan que la oficina es innecesaria pero no que se la conceptúe como "instrumento para violar derechos fundamentales o para dificultar la labor de la oposición". "Lo que hará será controlar al gobierno, la obcecación de que esto es una especie de atentado contra la democracia no tiene sentido", ha añadido. Tendrán todas las facilidades del gobierno a dialogar si es para facilitar el trabajo de la oficina pero no se buscan un "circo" para "desnaturalizar" sus funciones.
EL AYUNTAMIENTO AUDITARÁ LOS CONTRATOS INFORMÁTICOS DE LOS ULTIMOS CINCO AÑOS
Además, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid quiere investigar los contratos realizados por la Agencia de Informática de Madrid (IAM) en los últimos cinco años después de haber detectado prácticas supuestamente irregulares en la compra de equipos informáticos que ya se han puesto en conocimiento de la Fiscalía.
La gerente de la ciudad, Carmen Román, ha dado estas explicaciones en la comisión municipal de Transparencia, Participación y Gobierno Abierto, cuando la concejal popular Begoña Larráinzar ha mostrado su preocupación "por el alcance de los hechos" y ha afeado al equipo de Gobierno que haya tardado en "reaccionar" frente a unos hechos que, ha dicho, "no son recientes".
"Nos preocupa mucho el alcance de los hechos (...) ¿Son conscientes del escándalo y de las sombras sobre la imagen del IAM y del Ayuntamiento?", se ha preguntado la concejal popular.
Carmen Román ha respondido que el Ayuntamiento de Madrid comenzó a investigar la compra de equipos informáticos después de recibir una denuncia por supuestas irregularidades y efectivamente encontró "dudas razonables" de la actuación del subdirector del organismo, que fue cesado porque cayó en "contradicciones" y había indicios de que se había actuado con una mala praxis administrativa.
"Me parece que esta mala praxis no se puede permitir", ha dicho ante la comisión Carmen Román, que además de poner en conocimiento de la Fiscalía estos hechos ha encargado una auditoría independiente sobre las actividades de la Agencia Informática de Madrid en los últimos cinco años.
El Ayuntamiento de Madrid anunció el pasado 7 de febrero que trasladaría a la Fiscalía Provincial de Madrid las "posibles anomalías" detectadas en una investigación interna sobre supuestas irregularidades en la ejecución de algunos contratos realizados por el área Informática del Consistorio (IAM).
La Inspección General de Servicios del Ayuntamiento abrió una "investigación reservada e independiente" a raíz de una denuncia a finales de 2016 en la que una persona vinculada al IAM alertó al Ayuntamiento de que se iba a efectuar el pago de mercancías no recibidas.
El Gobierno municipal paralizó también el contrato y autorizó únicamente el pago de 388.000 euros, correspondientes a material informático "ya recibido", según indicaron a Efe fuentes del Consistorio.
Tras constatar posibles "irregularidades", el pasado mes de enero el Ayuntamiento cesó "de forma preventiva" a un directivo de este área.
La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ya comentó el pasado 26 de enero que podía haber más involucrados en un caso de presunta mala práctica administrativa en el pago de equipos informáticos.
El Ayuntamiento ha reconocido que ha habido una actividad "irregular y mantenida en el tiempo" y por ello ha iniciado estas actuaciones que erradiquen esas prácticas y permitan optimizar el uso y la gestión de los fondos públicos de un modo eficaz y transparente.
