Los portavoces de la oposición Ángel Gabilondo (PSM), Ignacio Aguado (C's) y José Manuel López (Podemos) han registrado en la Asamblea una proposición para derogar la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, llamada Ley virus, por considerarla perjudicial para los madrileños y que "solo beneficia a unos pocos". Los tres grupos piden la derogación de la Ley y la paralización de las licencias que se hayan solicitado a su amparo.
Gabilondo ha explicado que la ley permite construir, "por cada seis hectáreas, una casa de 900 metros con todas las entradas de agua, luz, gas, con vallados, accesos y cementos" en zonas que han de estar protegidas como los montes de El Pardo, Boadilla, Majadahonda y Pozuelo.
El portavoz socialista no entiende "en qué sentido" se habla de viviendas sostenibles en esta ley que es "perniciosa para todos", y ha agradecido a la Asociación de Amigos de Pozuelo, "que han defendido el Monte del Pardo", y a los concejales del PSOE de Pozuelo, además de asociaciones ecologistas y vecinales que han recogido casi 50.000 firmas contra esta ley.
Para Aguado "no tiene ningún sentido que la política ambiental de la Comunidad pase por desregular el sector rural, los montes de los madrileños", y además "una parte importante del PP también está en contra de esta ley, que no beneficia a los madrileños, solo beneficia a unos pocos".
El portavoz de Podemos cree que "se aprobó contra la ciudadanía para legalizar casas muy cercanas a gente del PP, como en el Monte del Pilar en Pozuelo, lo que va contra el patrimonio medioambiental de todos los madrileños". López ha advertido al Gobierno regional que "se acabó el rodillo" y que el PP no solo tendrá que acostumbrarse a negociar, sino también "a derogar leyes", como ha asegurado que ocurrirá en este caso.
CIFUENTES LAMENTA QUE LA OPOSICIÓN NO HAYA CONTADO CON EL PP
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha lamentado que la oposición en bloque de la Asamblea haya registrado una proposición para derogar la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles sin contar con el grupo popular, ya que, a su juicio, hubiese sido posible alcanzar un acuerdo.
"He echado en falta la voluntad de llegar a acuerdos, porque entiendo que es una cuestión que deberíamos haber tratado con los grupos políticos y no se nos ha dicho absolutamente nada", ha señalado la jefa del Ejecutivo regional. Para Cifuentes lo "normal" hubiera sido que el resto de grupos parlamentarios "hubieran hablado con el PP" antes de presentar esta proposición, ya que, en su opinión, "posiblemente hubiéramos podido llegar a un acuerdo" en la materia.
El portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha admitido que "muy probablemente" la Ley Virus se pueda dar por derogada en esta legislatura, pero ha explicado que la aplicación de esta norma, dictada en 2012, ha sido "muy reducida". Tras recalcar que el grupo Popular está "abierto a debatir todo", Ossorio ha dicho que hablarán con la Consejería de Medio Ambiente y participarán en la tramitación de esta proposición, sobre la que están "dispuestos a llegar a acuerdos".
Esta ley, ha dicho Ossorio, responde a "un compromiso electoral que estaba en el programa del PP del año 2011, y es bastante garantista" con el medio ambiente. Prueba de ello, según el portavoz popular, es "la poca aplicación" que ha tenido, ya que su primer requisito es que el terreno tenga al menos 60.000 metros y además no permite construir si el suelo está protegido, lo que es el caso de la mitad del terreno de la Comunidad.
A su juicio, "el espíritu" de la ley era que "proteger demasiado, no solo el medioambiente sino a veces los cascos antiguos de las ciudades, al final lo que lleva es a su ruina o su despoblación", según Ossorio para quien lo que se intentaba en aquel momento era "buscar algo compatible entre el medio ambiente y el desarrollo rural".
La ley 5/2012 reconocía el derecho de los propietarios que reunían los requisitos a "edificar una vivienda unifamiliar aislada en todo suelo con protección sectorial, cuando su régimen jurídico no prohíba el uso residencial", explica la proposición registrada hoy. Es decir, "viviendas de 900 metros cuadrados por cada 6 hectáreas de terreno incluso en suelo rural no urbanizable y sujeto a especial protección", todo ello bajo "el auspicio de las licencias municipales" y del procedimiento establecido en la propia ley, continúa.
