Parla no consigue salir del riesgo financiero a pesar de los préstamos del Estado
- Junto a Algeciras, Jaén y Jerez, según el Tribunal de Cuentas
Un informe del Tribunal de Cuentas señala que los ayuntamientos de Parla (Madrid), Algeciras, Jerez de la Frontera (Cádiz) y Jaén no han logrado revertir su situación de riesgo financiero en los años 2020 y 2021 a pesar de las diferentes medidas de apoyo financiero otorgadas por el Estado, que consisten sobre todo en préstamos a través de un fondo.
Así se recoge en este informe que ha realizado el Tribunal de Cuentas para fiscalizar la situación financiera de determinados ayuntamientos de municipios de más de 100.000 habitantes con un elevado nivel de endeudamiento en los ejercicios 2020 y 2021.
Las ayudas que han recibido estos ayuntamientos proceden principalmente de préstamos con cargo al Fondo de Ordenación. Para poder adherirse a estos fondos estos cuatro consistorios debían de elaborar planes de ajuste.
Parla se declara en bancarrota
Entre el 2015 y 2021 los ayuntamientos de Parla, Algeciras, Jaén y Jerez recibieron un total de 859 millones de euros procedentes del Fondo de Ordenación.
En cualquier caso, el informe concluye que los cuatro ayuntamientos se encontraban en situación de riesgo financiero. Todos ellos, salvo el de Jaén en el año 2021, registraban ahorro neto negativo, es decir, sus ingresos eran insuficientes para atender los gastos y la amortización de la deuda.
El órgano fiscalizador también han analizado estos planes de ajuste y la ejecución de sus medidas, concluyendo que estos ayuntamientos "no han adoptado las medidas necesarias y no han alcanzado los ahorros previstos en los planes de ajuste, especialmente en los últimos ejercicios analizados, lo que ha llevado al incumplimiento de los objetivos planificados y al empeoramiento de las magnitudes representativas de su situación financiera".
El Ayuntamiento de Parla pide el rescate y Hacienda controlará sus cuentas
Por su parte el Ayuntamiento de Parla la única medida contenida en el plan de ajuste consistía en un desarrollo urbanístico, que estaba previsto que proporcionara un ahorro total de 21,7 millones de euros, pero al cierre del periodo fiscalizado, no había generado ahorro alguno.
El informe de fiscalización aprobado por el Tribunal de Cuentas constata que "pese a la situación de incumplimiento generalizado, el Ministerio de Hacienda y Función Pública no ha adoptado ninguna de las medidas para reconducir la situación".
En este punto, creen que los requerimientos para la adopción de medidas correctoras del Ministerio a las cuatro entidades no fueron atendidos.
