El Grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid ha presentado hoy una enmienda a la totalidad contra el proyecto de Ley de Suelo presentado a la Asamblea por el Gobierno regional porque es "totalmente continuista" y "perpetúa el modelo de especulación y urbanismo de Esperanza Aguirre e Ignacio González". "Madrid es la comunidad autónoma que más ha sufrido el proceso de burbuja inmobiliaria en España y eso ha conllevado a una crisis de empleo y económica tremenda. Esperábamos que fuera una ley que pusiera remedio a eso y que contribuyera a la ordenación del territorio, detener la especulación urbanística y a poner encima de la mesa los valores territoriales de nuestra comunidad, que son muchos, ya que el 43 por ciento son espacios protegidos y deben seguir siendo protegido" ha dicho el diputado de Podemos Alejandro López.
En este sentido, ha señalado que este proyecto no significa ningún cambio "y es el mismo modelo de especulación y urbanización que ha venido practicando el PP durante décadas". "Y eso es una malísima noticia y no nos queda más remedio que presentar esta enmienda a la totalidad", ha indicado el parlamentario.
Por su parte, la diputada de Podemos Laura Díaz ha calificado de "nefasto" el proyecto de Ley, "que consolida el modelo urbanístico depredador y desestructurante, que ya tenía la ley 2001, que después fue empeorando Esperanza Aguirre en los últimos años y Cifuentes hace un texto que va a provocar que haya peor calidad de vida". "Las cesiones de suelo disminuyen hasta cantidades tremendas y hace que el patrimonio histórico se desproteja. Es una ley que permite que se pueda bajar la catalogación de los elementos de patrimonio histórico. Hablan de consolidar los centros históricos y lo que quieren en seguir aprovechando y llegando a hacer que nuestras ciudades tengan cada vez menos servicios, que cada vez vayan favoreciendo los procesos de gentifricación y turistificación de nuestras ciudades", ha dicho.
De hecho, Díaz ha asegurado que este proyecto permite "una cantidad tremenda" de usos en suelos protegidos. "Ese sólo va a ser el nombre que se les dé porque se va a poder implantar todo tipo de actuaciones para destruir esos suelos", ha dicho. Además, ha afirmado que se permite que haya ciudadanos "de primera y segunda" puesto que en los municipios de menos de 5.000 habitantes "va a ser posible que no haya prácticamente cesiones y que esas personas tengan que vivir con menos dotaciones que el resto de la ciudadanía. Además, la también vicepresidenta tercera de la Asamblea ha asegurado que "no han tenido en cuenta los necesarios procesos de participación ciudadana" para componer esta ley, por lo que ha pedido" que se abra un proceso participativo en el que estén las asociaciones y ciudadanía para finalmente contar con una Ley del Suelo "a la altura de las necesidades del territorio".
CESIONES DE SUELO
El Grupo Parlamentario Podemos también señala es "una ley que despoja al urbanismo de su función social para convertirlo en una mera actividad productiva". "La nueva Ley es antisocial porque al tiempo que perjudica a la ciudadanía y al interés general, permite multiplicar los beneficios de promotores", ha indicado.
Concretamente, denuncian la "drástica reducción de cesiones" para dotaciones (colegios, parques, polideportivos, bibliotecas, centros de mayores, etc), que tendrán que aportar los promotores a los ayuntamientos.
"Se produce una reducción del 75 por ciento, pasando de 120 metros cuadrados, por cada 100 metros cuadrados construidos, que recogía el texto de la Ley del Suelo en 2001 (ley que se sustituiría la actual), a 30 metros cuadrados de cesión. Estas pírricas cesiones, aún se podrán reducir más en los municipios menores de 5.000 habitantes, precisamente donde más necesidades de dotaciones existen. En estos la reducción podrá alcanzar el 87 por ciento, cediendo sólo 15 metros cuadrados por cada 100 metros construidos", han añadido.
Los porcentajes de cesión de suelo para construcción de viviendas de protección también se reducen con respecto al texto de 2001, pasando de un 45 a un 30 por ciento y a un 15 por ciento en municipios menores de 5.000 habitantes, ha apuntado el Grupo Parlamentario.
