El juez Eloy Velasco ha decretado prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II hasta 2009 y que ayer fue detenido por la Guardia Civil en el marco de la operación Lezo, que ha llevado a prisión al expresidente madrileño Ignacio González. Velasco le atribuye los delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude, los mismos que a la mayor parte de investigados (imputados) en esta causa, han informado fuentes de la Audiencia Nacional.
El magistrado ha adoptado esta decisión tras tomar declaración a De Miguel, el segundo exgerente del Canal de Isabel II detenido en esta operación, y después de que los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García, pidieran para él el ingreso en prisión eludible con una fianza de 400.000 euros. De Miguel, considerado estrecho colaborador del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, a quien acompañó en el polémico viaje a Cartagena de Indias (Colombia) en 2008, figura en el auto por el que el juez envió a prisión a González.
Le relaciona con el presunto cobro de comisiones en la adjudicación del campo de golf que se construyó en terrenos del Canal de Isabel II, ya que fue él quien firmó los pliegos de adjudicación a "la oferta más cara". Además, el juez se refiere a una conversación entre Ignacio González y su hermano Pablo, según la cual, De Miguel "habría cobrado algún tipo de comisión relacionada con la construcción de los Teatros del Canal".
De Miguel se ha sumado así a la docena de detenidos la semana pasada en esta operación, de los que seis fueron a prisión, entre ellos el expresidente madrileño, si bien dos de ellos, el también exgerente del Canal Adrián Martín y el cuñado de González, Juan José Caballero, han salido de prisión tras abonar las respectivas fianzas de 100.000 euros que les impuso el juez.
Además de las irregularidades en la gestión del Canal, Velasco investiga el pago de 1,4 millones de OHL a González a través de otro de los imputados, Adrián de la Joya. En relación a ese pago, el juez imputó desde el principio de esta investigación al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, según fuentes consultadas por Efe, al igual que a su yerno Javier López Madrid, quien quedó en libertad bajo fianza de 100.000 euros tras declarar ante Velasco, ante el que fue conducido tras ser detenido cuando regresaba a España desde Londres.
ARCHIVADA LA CAUSA CONTRA MARHUENDA Y MAURICIO CASALS
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la investigación contra el director de La Razón, Francisco Marhuenda, y el presidente de este diario, Mauricio Casals, por coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. En un auto, el juez decide levantar su imputación a raíz de las declaraciones la semana pasada de ellos dos, Cifuentes, la jefa de Gabinete de ésta, Marisa González, y Edmundo Rodríguez, consejero de La Razón.
Según destaca el juez, la propia Cifuentes, que declaró como testigo el mismo día en que se destapó la operación Lezo, "no se sintió" presionada por Marhuenda o Casals para no denunciar las irregularidades en el Canal de Isabel II. El juez acordó la imputación de los directivos de La Razón a raíz de conversaciones pinchadas con Rodríguez, en prisión incondicional por el caso Lezo, donde le aseguraron que las irregularidades no saldrían a la luz.
Según el juez, estas son en cambio las palabras de "dos amigos que tratan, mediante mentiras piadosas y paliativas", de tranquilizar a Rodríguez sobre su implicación, tal y como este último ratificó cuando dijo al magistrado que lo único que pretendían era "ayudarle emocionalmente".
De hecho, Cifuentes, que declaró por escrito, afirmó que "en ningún caso" Marhuenda y Casals habrían conseguido que ella dejara de denunciar a Sobrino, destaca el juez. Maruenda y Casals, indica Velasco, le dieron una versión "más verosímil de lo que parecía más agravado en las intervenciones telefónicas tomadas aisladamente" y además aportaron una serie de documentos para probar que su periódico "no hizo una campaña especial o muy distinta contra el gobierno de la señora Cifuentes de la propia de una línea editorial". "Son hechos -dice sobre las publicaciones- que no tienen consistencia como para encontrar en ellos una sistematicidad y permanencia en la presión que justifiquen las imputaciones por unos delitos del artículo 172 (coacciones) o 570 bis (integración en organización criminal) del Código Penal".
MOIX ASEGURA QUE NO LE CONSTAN FILTRACIONES A GONZÁLEZ Y QUE NO VA A DIMITIR
Por su parte, el jefe fiscal anticorrupción, Manuel Moix, ha asegurado que no va a dimitir y que no le consta que se estuviera filtrando al expresidente de Madrid Ignacio González y a su entorno la investigación que se hacía sobre ellos. En declaraciones a La Ser, Moix ha señalado que, según la información que tiene, la decisión del juez de colocar un micrófono en el despacho de González no fue para evitar esas supuestas filtraciones sino que era parte de la investigación.
El fiscal jefe anticorrupción ha señalado que no conoce la conversación en la que el expresidente madrileño habría manifestado su satisfacción por su nombramiento y ha opinado que dichas informaciones no afectarían a su credibilidad. "Que esa persona que consideraba que mi nombramiento le iba a favorecer yo he ordenado su prisión pone de manifiesto la objetividad e independencia sobre la que la fiscalía anticorrupción trabaja", ha indicado Moix.
MERCAVALÈNCIA DESTITUYE A PABLO GONZÁLEZ DE SU COMISIÓN PERMANENTE
El consejo de administración de Mercavalència ha destituido a Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, exdirector de Operaciones y Estrategia de Mercasa y representante del gobierno central en la entidad valenciana, tras conocerse la pasada semana su presunta implicación en la operación Lezo.
El consejo de administración de la entidad se ha reunido con carácter urgente este martes para destituir de la comisión permanente a Pablo González, un órgano del que que formaba parte desde el pasado mes de febrero. En la misma reunión, y siguiendo el protocolo vigente, se ha convocado una Junta General Extraordinaria para proceder a su cese como consejero, según ha informado Mercavalència en un comunicado.
EL CANAL CESA AL GERENTE DE INASSA Y TRAMITA EL DESPIDO DE TRES DIRECTIVOS
Paralelamente, el Canal de Isabel II ha cesado de todos sus cargos y funciones a Diego García Arias, gerente de Inassa (la filial colombiana de Canal), y ha comenzado a tramitar el despido de tres de sus directivos presuntamente implicados en la trama Lezo: Adrián Martín, Fernando Cevallos y María Fernanda Richmond. Según ha explicado el consejero de Presidencia y Justicia madrileño, y actual presidente de Canal, Ángel Garrido, García Arias ha sido cesado de todos sus cargos y funciones. García Arias es una de las personas cuya extradición ha pedido el juez Eloy Velasco.
Además, el Canal de Isabel II ha abierto expedientes disciplinarios laborales a tres de sus exdirectivos. Se trata del exdirector general de Canal Adrián Martín y del exdirector de Recursos, Fernando Cevallos, que están suspendidos de empleo, tal y como establece el convenio de la empresa cuando se abre un expediente.
Adrián Martín pagó hace días los 100.000 euros de fianza impuestos por el juez Velasco, por lo que salió de la cárcel. Caso distinto es el de la exdirectora financiera de Canal, María Fernanda Richmond, que se encuentra en prisión -eludible bajo fianza de 4 millones de euros-, quien desde su encarcelamiento está automáticamente suspendida de empleo y sueldo.
Canal espera un informe de los servicios jurídicos para saber si puede iniciar ya un expediente disciplinario laboral contra ella, o si debe esperar a su salida de la cárcel.
