La oposición ha acrecentado sus críticas a los ministros de Justicia e Interior por las nuevas revelaciones del caso Lezo, que incluye un mensaje de Rafael Catalá a Ignacio González en el que le desea que "se cierren los líos", pero tanto él como Juan Ignacio Zoido han negado "injerencias" en la investigación.
Hoy se han seguido conociendo detalles del caso sobre la corrupción en el Canal de Isabel II, por el que el juez Eloy Velasco ha decretado prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para Ildefonso de Miguel, gerente del Canal hasta 2009, mientras que ha archivado la causa contra Francisco Marhuenda y Mauricio Casals por sus presuntas coacciones a Cristina Cifuentes.
Pero la novedad que ha avivado el debate político es el mensaje que envió Catalá a González en noviembre de 2016, en el que, en respuesta a la felicitación de éste por su continuidad en el Gobierno, le decía: "Gracias, Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos".
Un mensaje que, según ha explicado el propio Catalá, no aludía a "cuestiones judiciales", sino que era "de cortesía" y le trasladaba su deseo de que se ordenara "la situación política en España".
Pero tanto el PSOE como Podemos han pedido la dimisión del ministro, a quien cuestionan tanto por ese mensaje como por la actuación del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, quien hoy ha defendido su actuación en el caso y ha dejado claro que no piensa dimitir.
El jefe de los fiscales que combaten la corrupción ha asegurado que no le consta que hubiera filtraciones al expresidente de Madrid Ignacio González y a su entorno la investigación que se hacía sobre ellos.
Y, si bien ha confirmado que el juez ordenó colocar un micrófono en el despacho del expresidente de la Comunidad de Madrid, ha indicado que no fue para evitar esas supuestas filtraciones sino que era parte de la investigación.
El propio Velasco ha terciado en el debate sobre el papel de la Fiscalía, al afirmar en una conferencia que no es partidario de ceder el peso de las investigaciones a los fiscales porque, a su juicio, no pertenecen al Poder Judicial, sino al Ejecutivo.
El caso es que la oposición coloca entre los sospechosos de esas posibles filtraciones al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por la reunión que tuvo en su despacho el 8 de marzo con Pablo González, hermano de Ignacio y también detenido.
Por ello, PSOE, Podemos y Ciudadanos han utilizado sus preguntas en el pleno del Senado para inquirir al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, sobre ese encuentro. El ministro ha recalcado que no hubo "injerencia" del Ejecutivo en la investigación del caso Lezo, que se ha saldado con más de una decena de detenidos, prueba de que "la Justicia funciona".
Ha reiterado el carácter meramente protocolario de la polémica reunión y ha arremetido contra quienes lo ponen en duda. "No tiene necesidad de reunirse en gasolineras, ni en un reservado ni dar ningún chivatazo para que un servicio pudiera desmontarse", ha dicho en alusión a casos en los que los socialistas se han visto implicados.
En su respuesta, Zoido ha revelado que González le llamó para felicitarle por su nombramiento. Fuentes de Interior han precisado que González le propuso tomar un café, pero esa cita no se produjo nunca.
En el plano judicial, el juez Velasco ha enviado a prisión con fianza de 100.000 euros a un nuevo detenido en el caso. Se trata de Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II hasta 2009 y quien el juez atribuye los delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude, los mismos que a la mayor parte de investigados (imputados).
El juez le relaciona con el presunto cobro de comisiones en la adjudicación del campo de golf que se construyó en terrenos del Canal de Isabel II, ya que fue él quien firmó los pliegos de adjudicación a "la oferta más cara".
Y, por otra parte, el juez ha decretado el archivo de las actuaciones contra el director de La Razón, Francisco Marhuenda, y el presidente de dicho diario, Mauricio Casals, por coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Ha tenido en cuenta para ello la declaración de Cifuentes, que dijo que "no se sintió" presionada por ellos para no denunciar las irregularidades del Canal, que afectan a Edmundo Rodríguez, consejero de la empresa editora de La Razón y hombre de confianza de Ignacio González en Latinoamérica.
El juez imputó a los directivos de La Razón a raíz de conversaciones pinchadas con Rodríguez, en prisión incondicional por el caso Lezo, donde le aseguraron que las irregularidades no saldrían a la luz.
Para el magistrado, son las palabras de "dos amigos que tratan, mediante mentiras piadosas y paliativas", de tranquilizar a Rodríguez sobre su implicación, tal y como este último ratificó cuando dijo en sede judicial que lo único que pretendían era "ayudarle emocionalmente".
