La Comunidad de Madrid supera ya los 3.300 efectivos en Protección Civil tras la incorporación de 263 nuevos voluntarios procedentes de 66 municipios, que recibieron este sábado su diploma acreditativo en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (Ifise), tras haber superado las pruebas.
Según informó el Gobierno madrileño este sábado, el curso se desarrolló entre los meses de septiembre y diciembre en las instalaciones del Ifise, que cuenta con una superficie de 130.774 metros cuadrados, espacios y docentes multidisciplinares. Los asistentes tuvieron clases teóricas y prácticas de 110 horas, en formato semipresencial.
En ellas, adquirieron conocimientos en materias como primeros auxilios, regulación del tráfico, conducción de vehículos de emergencias, comunicaciones, apoyo en incendios, incidentes con múltiples víctimas, legislación, apoyo psicosocial o logística.
Además, 19 aspirantes a jefes de agrupación completaron su formación, pertenecientes a otros tantos ayuntamientos de la región, que han cursado 85 horas semipresenciales, con contenidos más avanzados como legislación estatal, autonómica y local, estructuras de mando, procedimientos de intervención, autoprotección, logística y comunicación en situaciones de riesgo.
104 agrupaciones
La docencia estuvo a cargo de responsables de agrupaciones municipales, representantes de la Dirección General de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, supervisores y miembros del gabinete de comunicación de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112).
Actualmente, hay 104 agrupaciones activas en la Comunidad de Madrid, con personal preparado para colaborar en el momento en que sea necesario. Se circunscriben al ámbito municipal o, en caso de mancomunidades, al supramunicipal, y su coordinación se articula a través de la Subdirección de Protección Civil.
Entre sus funciones se encuentra el apoyo al resto de servicios de emergencia y seguridad en sus intervenciones; la elaboración, implantación y mantenimiento de la operatividad de los planes específicos de su término municipal; la participación en dispositivos preventivos, actos de pública concurrencia y en los que pueda existir riesgo para las personas; el estudio de peligros o la realización de campañas de divulgación a la población para su seguridad, entre otras.