La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid investigará el presunto cobro irregular por traslados a los propios pacientes por parte de una adjudicataria del servicio de transporte no urgente y se adoptarán las medidas que sean necesarias si se demuestran estos hechos. Así lo han indicado fuentes de la Consejería de Sanidad en relación a la denuncia pública del diputado socialista en la Asamblea de Madrid José Angel Gómez Chamorro al recoger quejas de usuarios que aluden a "cobos irregulares" a pacientes por parte de la concesionaria, Alerta.
Tras no detectarse ninguna denuncia o sanción, se le propone la incoación de un expediente sancionador a esta empresa por la gestión del traslado de un paciente desde el Hospital Ramón y Cajal al centro de atención de pacientes parapléjicos de Toledo.
Las mismas fuentes exponen que el pasado 24 de octubre el servicio no se prestó al entender la empresa que era una cuestión que comprendía a la aseguradora y que luego la misma empresa realizó el servicio con coste para el paciente. En consecuencia, se propuso la apertura de expediente al entender que esta situación era un incumplimiento grave de contrato.
Sanidad recalca que no consta ninguna irregularidad nueva por parte de esta empresa pero que se investigará las quejas que ha planteado el PSOE. El Consejero de Sanidad dice que, de comprobarse, no descarta rescindir el contrato con la compañía.
Por otro lado, el diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid ha especificado que ha registrado una pregunta dirigida al consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, sobre este asunto y la comparecencia del viceconsejero Manuel Molina en la Comisión de Vigilancia de la Contratación.
Gómez Chamorro reclama más medidas más allá de la investigación del cobro ilegal de servicios por parte de esta empresa, con "antecedentes" ya de retrasos y servicios no cumplidos de acuerdo al contrato.
Tras incidir en que una de las quejas de los usuarios alude al cobro de 40 euros por bajarle de su vivienda al portal, el parlamentario recalca que Sanidad presenta "falta de rigor" en materia de vigilancia sobre el cumplimiento de los pliegos del servicio y que se debe cambiar el diseño de estos contratos, al entender que se prima el criterio económico.
Reclama que los trabajadores también vienen realizando quejas de medidas que afectan a la calidad del servicio, como el fomento de contratos a tiempo parcial.
