Los afectados por el cierre de la cadena de clínicas dentales Funnydent han pedido a la nueva magistrada que se ha hecho cargo del caso que tome declaración a las víctimas y denunciantes para de una vez por todas impulsar la instrucción penal que en este procedimiento "brilla por su ausencia".
En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, el abogado de los afectados de Alcalá de Henares (Madrid) se dirige a la nueva titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero (Madrid) para manifestar su oposición al archivo provisional solicitado por la defensa del antiguo administrador único Cristóbal López y reclamar que instruya un procedimiento que hasta la fecha estaba abocado al archivo.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que la anterior magistrada del juzgado, que acaba de ser relevada por un cambio de destino, estaba decidida a archivar el procedimiento atendiendo de esta forma la petición de la defensa, sin haber realizado otra diligencia que la declaración del propio investigado.
"Es cierto que el Juzgado ha preferido, en lugar de hacer una instrucción penal al uso, asegurar la conservación del patrimonio de las empresas, para intentar proteger en la medida de lo posible los intereses económicos de las víctimas", señala el texto.
Pero destaca que los esfuerzos de la administración judicial por la reconstrucción de ese patrimonio en beneficio de víctimas y acreedores no son sino medidas cautelares en un proceso penal, y por lo tanto subsidiarias al mismo: "La instrucción penal ha de prevalecer y en este caso brilla por su ausencia".
Hasta la fecha, añade, "no se ha escuchado a las víctimas, no se les ha hecho el ofrecimiento de acciones, y el juzgado no conoce cuáles son los hechos presuntamente delictivos que en su momento se podrán imputar al investigado".
De esta forma, los afectados se oponen al archivo porque entienden que el juzgado "carece de la información necesaria para poder adoptar una decisión sobre este punto".
"Un sobreseimiento en este momento sería precipitado y carente de todo fundamento, además de injusto para las víctimas y para los denunciantes", subrayan los denunciantes.
Los afectados defienden que Cristóbal López no realizó una mala gestión de la empresa sino una estafa agravada porque "tanto él como los directivos seguían pidiendo fuertes cantidades a los pacientes con el cebo de una rebaja sustancial" pese a estar en una situación de mala administración que evidenciaba un estado de quiebra.
Pero también "existe un enriquecimiento" por parte de Cristóbal, de sus empresas y de sus directivos, que seguían cobrando sus salarios y comisiones, independientemente de que el dinero conseguido con el engaño no haya sido encontrado en su poder.
"El ánimo de lucro existe desde momento en que mis clientes pierden su dinero, Cristóbal lo gana y se lo gasta en lo que le viene en gana", asevera el letrado.
La causa está ahora pendiente del informe del fiscal que debe pronunciarse sobre la petición de sobreseimiento presentada por la defensa de López Vivar, que entiende que el procedimiento debe archivarse "por ausencia de elementos objetivos de los delitos" por los que se le acusa.
Lo hace al argumentar que en el procedimiento "no existe indicios sino de una mala gestión corporativa, toda vez que no hay la menor evidencia del enriquecimiento personal" de López Vivar.
El escrito de López Vivar llega después de que la anterior juez dictara un auto en que no consideró "pertinente" en este momento procesal impulsar la instrucción penal del caso de las clínicas dentales Funnydent y vio más prioritario atender a los afectados por el cierre sorpresivo de los centros el 28 de enero pasado.
