El alcalde de Colmenar, Miguel Ángel Santamaría, ha acusado a la Fiscalía de Medio Ambiente de "persecución" al Consistorio por estar pidiendo "continuamente" expedientes al Ayuntamiento en la investigación de un presunto delito continuado de prevaricación en asuntos de urbanismo.
Así se ha manifestado el regidor en una rueda de prensa en la que ha subrayado que ya ha recurrido el auto del Juzgado de instrucción de Colmenar que pide abrir juicio oral contra él y el exalcalde José María de Federico; y diez concejales y exconcejales del PP.
Santamaría ha reiterado que "tiene la conciencia muy tranquila" porque considera que todos los hechos que se están investigando "supondrían, en todo caso, faltas administrativas, pero nunca delitos penales". También ha criticado que la situación está llevando al Consistorio al "colapso".
El alcalde ha calificado de "grave" que los funcionarios tengan que "paralizar prácticamente" su trabajo en cuestiones municipales, porque deben dar respuesta a las "desproporcionadas" reclamaciones de información de la Fiscalía, que parece que está trabajando con "inquina" y "excesivo celo" en este caso.
Por todo ello, ha enviado un escrito al Fiscal General del Estado en el que ha denunciado que el Ayuntamiento de Colmenar Viejo es "sin duda, el más investigado de toda España" a raíz de una serie de denuncias anónimas. No obstante, ha asegurado que va a seguir colaborando con la Justicia y que el Ayuntamiento continuará "abierto y transparente" ante cualquier investigación.
16 CAUSAS ABIERTAS "POR PENSAR EN EL BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS"
El alcalde ha defendido que las dieciséis causas que se están investigando no están relacionadas "en absoluto" con temas de corrupción; y que todas las decisiones fueron tomadas "pensando en el beneficio de los ciudadanos" y no en favorecer a "grandes empresas".
Santamaría ha explicado que se concedieron licencias a viviendas que contaban con informes técnicos desfavorables -por motivos como tener muros que excedían la altura permitida o que contaban con una planta más de lo que acuerda la ley- porque, de lo contrarío, tendría que haberse demolido todo el edificio.
El alcalde ha enumerado las licencias investigadas, señalando que la mayoría de las supuestas irregularidades "no eran nada desorbitadas".
Y ha argumentado que, en muchos casos, la solución planteada era derribar el edificio completo "por unos centímetros", ante lo que ha opinado que "las cosas hay que hacerlas en su justa medida".
En otro caso, el regidor ha apuntado que se decidió dar conexión de luz eléctrica a una construcción porque la cooperativa encargada estaba en concurso de acreedores y los vecinos "corrían el riesgo de quedarse sin vivienda, tras haber estado mucho tiempo pagando".
Por otro lado, ha hecho hincapié en que quince de las licencias puestas en cuestión fueron adjudicadas cuando él era "un simple concejal", y que solo en una de ellas ya había tomado el cargo de alcalde. Santamaría ha asegurado que el PP de Madrid le ha mostrado su apoyo al considerar que éstos son temas de cuestión administrativa.
Santamaría ha concluido lamentando que esa "carnicería y cebamiento" por parte de la Fiscalía hace pensar que "parece que lo que quieren es que no se concedan licencias".
