El expresidente madrileño Ignacio González se ha limitado hoy a dar al juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, su versión sobre los hechos que se le imputan, y sobre los que ya se ha levantado el secreto, sin pedir en esta comparecencia su libertad, que más adelante tiene previsto solicitar su defensa. No obstante, según han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración, González, que mostraba un aspecto "desmejorado" desde su ingreso en prisión incondicional el pasado 21 de abril, ha defendido ante el juez su inocencia y ha afirmado que en su caso no existe ningún riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas y "mucho menos" de reiteración delictiva.
La declaración, que se ha prolongado de las 11.15 horas hasta las 13.00, fue solicitada por su defensa, que ejerce el abogado Esteban Mestre, porque, cuando declaró al ser detenido, ni González ni su letrado conocían los motivos que le llevaron a ingresar en prisión provisional por estar entonces toda la causa secreta, por lo que el letrado no pudo hacer preguntas.
Ahora, y con el levantamiento parcial de ese secreto, González ha querido explicar su relación con las operaciones irregulares de las que se le acusa, principalmente las relacionadas con el Canal de Isabel II, entre ellas la compra de la brasileña Emissao con un sobreprecio de
20 millones de euros de capital público de la Comunidad de Madrid.
Durante la declaración solo ha preguntado la fiscal del caso, Carmen García, que ha precisado que, si bien una parte del sumario ya no es secreta, otra parte lo sigue siendo y hay una serie de sociedades que se siguen investigando. A la declaración han asistido solo la fiscal y su defensa, que ha estado representada por una letrada del despacho de Mestre, y el juez, quien, según las fuentes, no ha hecho ninguna pregunta.
Desde su ingreso en prisión, González presenta un aspecto "muy desmejorado" por la situación "desesperada" en la que se encuentra, ya que, según su defensa, "él y nosotros confiamos en su inocencia", por lo que consideran que su prisión provisional es "un castigo injustificado". Por ello en los próximo días pedirán por escrito al juez García Castellón que le ponga en libertad con la adopción de las medidas cautelares que considere oportunas, y poder así regresar "a casa con su familia".
González pidió declarar a petición propia después de que la semana pasada lo hiciera Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado su hombre fuerte en los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica, y que al igual que el expresidente madrileño tampoco reclamó en esa comparecencia su puesta en libertad. La comparecencia de Ignacio González por el caso Lezo ha coincidido en la Audiencia Nacional con la de su hermano Pablo -en prisión bajo fianza de 4 millones de euros por el caso Lezo- al haber sido citado por el juez José de la Mata en relación con la empresa pública Mercasa (Red española de Mercados Centrales de Abastecimiento), de la que fue directivo y que está siendo investigada en el marco del caso Defex, una empresa semipública.
La primera en declarar a petición propia ante el nuevo magistrado de Lezo, que ha sustituido al juez Eloy Velasco, fue la ex directora financiera del Canal de Isabel II María Antonia Richmond, que un día después consiguió que se le rebajara la fianza de 4 millones que le impuso Velasco a 100.000 euros, por lo que pudo salir de prisión.
Coincidiendo con la llegada del nuevo juez, los imputados en la causa que se encuentran en prisión han solicitado todos volver a declarar. Tras la excarcelación de Richmond son tres los que permanecen en prisión: Ignacio González, su hermano Pablo González y Rodríguez Sobrino.
El pasado 2 de junio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó mantener en prisión a González por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, al observar que aún podría tener patrimonio "oculto" y recordaba que en una conversación entre dos investigados se hablaba de que tenía "dinerillo B". Según el auto de la Sala, el expresidente madrileño podría estar implicado "en el pago de una comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación del tren de Navalcarnero" (Madrid), así como en la operativa fraudulenta del Canal de Isabel II y en la financiación irregular del PP de la Comunidad de Madrid a través de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM).
González está imputado por delitos de cohecho, prevaricación, fraude, malversación, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.
CIFUENTES: "NINGÚN TEMOR" ANTE LO QUE PUEDA DECIR IGNACIO GONZÁLEZ AL JUEZ
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho que no tiene "ningún temor" a lo que pueda decir su antecesor en el cargo, Ignacio González, encarcelado por su presunta implicación en el caso Lezo y que declarará hoy ante la justicia a petición propia. A una pregunta acerca de la posibilidad de que González pudiera "tirar de la manta" en su comparecencia ante el juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, Cifuentes ha asegurado que se trata de "un asunto en el que debe ser la Justicia la que actúe" y en el que "la Comunidad de Madrid ha sido absolutamente colaboradora".
"Todo lo contrario", ha dicho Cifuentes acerca del "temor", y ha añadido: "Queremos que en cualquier asunto de estas características se llegue hasta el final cuanto antes". Según la justicia, el expresidente madrileño podría estar implicado "en el pago de una comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación del tren de Navalcarnero" (Madrid), en la operativa fraudulenta del Canal de Isabel II y en la financiación irregular del PP de la Comunidad de Madrid a través de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM).
