La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha rechazado la petición la defensa de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuenets de elevar el caso de las presuntas irregularidades en el máster que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) al Tribunal Supremo, por lo que este marte tendrá que ir a declarar.
En el auto, fechado a 25 de junio, la magistrada desestima la declinatoria presentada por la representación procesal de Cifuentes pidiendo a la juez que se inhiba a favor del Tribunal Supremo en relación a la causa en la que la exmandataria madrileña está investigada por un delito de falsificación de documentos públicos al considerar que "la continencia" del proceso se rompería ante la posible investigación que abrirá el Alto Tribunal por la condición de aforado de candidato a presidir el PP Pablo Casado.
La defensa planteaba a la instructora una cuestión declinatoria por falta de competencia objetiva para investigar los hechos y pedía la suspensión de la declaración de su clienta como investigada, prevista para este martes a las 9 horas. Sin embargo, la magistrada entiende que todavía la causa está con diligencias, que han ido cambiando a lo largo del tiempo, y que sería "improcedente y prematuro" tomar una decisión al respecto.
Según la magistrada, el escrito de Cifuentes parte de tres premisas que "en modo alguno" concurren en el presente procedimiento: que haya un aforado investigado, que el Tribunal Supremo haya resuelto "en el sentido de entender que existen indicios para investigar a un aforado" y que resulte "evidente" que la causa "no permita el enjuiciamiento separado de los aforados y de los que no tienen tal condición, es decir, de las diferentes piezas y autos que conforman esta causa". Así, explica que pese a que se ha solicitado, por parte de esta juez, al Congreso de los Diputados que acredite la condición de Pablo Casado como diputado, esta petición "no puede equipararse a la elevación a la sala segunda del TS de la exposición motivada sobre indicios de actuar delictivo en persona que ostente la condición de aforado", entre otras cosas porque dicha exposición, aclara, "no se ha realizado hasta el momento. "Obvio es decirlo, baste una mera lectura de los autos", subraya.
Tras explicar que en la pieza C, la referente a los estudios de Casado, hay acordadas unas diligencias que están variando en función de la información que facilita la propia Universidad --al principio dijo no tener información sobre las convalidaciones de las asignaturas de Casado para el máster y después sí-- recueda que todavía no se ha pedido nada al Supremo.
De hecho, añade que esto dependerça del "estudio detallado que arrojen las diligencias de investigación que se practiquen en la pieza C, las ya acordadas y las que en su caso resulte preciso acordar en el futuro". Por ello, entiende que "resulta evidente que no se da tampoco la segunda premisa en la que se basa la atribución de competencia del Tribunal Supremo", relativa a que este "haya apreciado también estos indicios y asumido la causa". "Así las cosas, sólo con lo expuesto resulta patente que la declinatoria debe ser desestimada, sin entrar a razonar si la causa sería escindible o no entre aforados y no aforados", señala la magistrada, quien añade que es una cuestión que, en este momento procesal, por los razonamientos expuestos, sería "absolutamente improcedente y prematuro analizar".
Contra esta decisión, que se ha notificado tanto al Ministerio Fiscal como a las partes personadas, cabe interponer un recurso de reforma en un plazo de tres días o de apelación, en cinco. La cita de Cifuentes ante el juez es mañana mismo, por lo que se la espera en el juzgado para que vaya a declarar en calidad de investigada.
PETICION DE CIFUENTES
En el escrito de Cifuentes, su defensa exponía que en la instrucción se abrió pieza separada para investigar "la obtención del mismo título de máster por otro de los alumnos" del Instituto de Derecho Público (IDP) mencionando a continuación al candidato a presidir el PP. De ello, según la abogada, "se desprendía la consideración de una actividad delictiva continuada por parte de dicho IDP".
Acto seguido, se indicaba que se había tenido conocimiento de que se ha pedido al Congreso de los Diputados que acredite la condición de diputado de Casado de cara a su aforamiento ante el Tribunal Supremo, y en los fundamentos de derecho, esta parte recalcaba que al tratarse de un solo delito continuado debe juzgarse a todos los investigados por una jurisdicción especial en relación al Supremo. En la causa hay ya catorce investigados.
"La investigación contrae a la posible comisión de un delito continuado de falsificación, prevaricación administrativa y cohecho impropio, por lo que se hace necesaria una instrucción conjunta de todos los hechos que conforman la continuidad, que son complejos, ante un solo órgano judicial", destacaba.
Además, incidía en que al aforado "se le relaciona con una participación que no es escindible de las conductas atribuidas a los docentes, ni la de estos puede aislarse de la que se le imputa" a Cifuentes, por lo que "la jurisdicción especial debe arrasar a todos los investigados".
Agregaba que en el plano estrictamente procesal, un enjuiciamiento separado podría dar lugar a pronunciamientos contradictorios y a la repetida innecesaria de diligencias. Proseguía afirmando que este caso sería "claramente disfuncional" y estaría en contradicción con la doctrina del propio Alto Tribunal.
