El juez llama a declarar como imputado a Flores y a las empresas de seguridad

El juez instructor del caso Madrid Arena llamará a declarar como imputado al gerente de la empresa Diviertt, Miguel Angel Flores, y como testigo "en principio" al responsable de la concejalía del Ayuntamiento de Madrid con autoridad para ceder el Madrid Arena. Así lo avanza un comunicado remitido este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde se avanza que también se llamará a declarar como imputados al representante legal de la empresa Kontrol 34 y al de Seguriber.

El magistrado ha especificado que se les llamará a declarar en el curso de esta semana, o a más tardar a principios de la semana próxima, según apunta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Por otro lado, el magistrado llevará a cabo mañana la inspección ocular del recinto acompañado por representantes del Ministerio Fiscal, la Policía Científica y miembros de la Brigada de Homicidios que se encarga de la investigación de los hechos, así como de tres agentes, dos policías nacionales y un policía municipal que la noche de autos, fuera de servicio, se encontraban en el pabellón.

ACCIONES DE PERSONACION

Por otra parte, el juez ha hecho un ofrecimiento de acciones a las familias de las cuatro jóvenes fallecidas, y a la familia de la muchacha que permanece hospitalizada en estado grave, por si consideran la posibilidad de personarse en las actuaciones como acusación particular.

Por último, y con el objeto de fijar el número de asistentes al acto, el magistrado ha requerido a la Policía Científica que haga una simulación mediante ordenador para establecer las personas que caben en el Pabellón Madrid Arena y las que realmente había.

Por otra parte, la Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) ha solicitado al juez Eduardo López Palop, que instruye el 'caso Madrid Arena', que guarde las llamadas telefónicas de los responsables municipales y de las empresas. "Pedimos lo antes posible que se preserven todos los datos que se puedan perder", ha señalado Miguel Angel Gallardo, presidente de esta asociación.

En un escrito judicial presentado en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, la asociación pide que se oficie a la Policía Judicial para que se preserven con las máximas garantías todas las conversaciones grabadas.

Se refiere a las llamadas guardadas por los sistemas de telefonía del Ayuntamiento de Madrid mediante la grabadora TETRA, o por cualquier otro sistema municipal, al menos, del Centro Integrado de Seguridad y Emergencias - CISEM, que pudieran estar relacionadas con los hechos que se instruyen y sus responsables municipales, y antes las que pudieran borrarse total o parcialmente. Asimismo, sugiere que se oficie a cada una de las operadoras de los teléfonos móviles de los responsables municipales y de las empresas y los profesionales para que no se pierdan datos de llamadas, y de localizaciones georreferenciadas por el sistema GSM .

IGNACIO GONZÁLEZ PIDE QUE SE ACTUE CON CONTUNDENCIA EN EL CASO MADRID ARENA

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha recordado este lunes que ya han pasado diez días desde el suceso del Madrid Arena, donde fallecieron cuatro jóvenes en una avalancha humana en una fiesta, y ha exigido que se tiene que actuar con "contundencia" cuanto antes.

González, que ha afirmado desconocer las "relaciones" que haya podido haber entre dirigentes del Ayuntamiento de Madrid y los organizadores de la fiesta, ha indicado que lo importante es que un hecho "muy grave" pues se trata del "fallecimiento de cuatro chicas como consecuencia de una celebración de una fiesta en un edificio municipal". "Hay que profundizar y urgir la investigación para llegar a las ultimas consecuencias y si hay responsabilidades exigirlas cuanto antes", ha señalado González, quien ha remarcado que ya han "han pasado diez días" y las informaciones "van poniendo de manifiesto cómo, al parecer, la empresa no ha debido de cumplir, según parece, todas las obligaciones necesarias".

A juicio del jefe del Ejecutivo madrileño, "ha llegado el momento" en que es "imprescindible" que se "empiecen a exigir responsabilidades a todos aquellos que han incumplido" puesto que "el tema es lo suficientemente grave" como "para que se actúe con contundencia cuanto antes".

EXTREMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Además, González ha hecho referencia a la reunión que va a mantener esta tarde el consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad, Salvador Victoria, con una representación de empresarios del ocio nocturno madrileño, donde ha adelantado que se les va a recordar "la necesidad de cumplir escrupulosamente con todos los requisitos legales" en este tipo de negocios y de espectáculos.

El presidente ha dicho que la Comunidad va a pedir a estos empresarios su colaboración y su compromiso a la hora de "extremar" las medidas y de cumplir los requisitos legales.

También ha adelantado que se van a tratar los criterios para la celebración de las próximas fiestas navideñas, en los asuntos que son competencia de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, el presidente regional ha comentado que la Comunidad "tiene muy pocas competencias" en materia de celebración de fiestas y macrofiestas, excepto algunos asuntos relacionados con horarios.

Por eso, ha anunciado que van a plantear que los Ayuntamientos colaboren a la hora de conceder y controlar los permisos, licencias o alteraciones de horarios parta las fiestas y macrofiestas que se quieran realizar en sus términos municipales, porque "ellos son los que mejor conocen el impacto que tienen en el entorno", ha señalado.

Ha asegurado que desde la Comunidad de Madrid "les escucharemos y exigiremos que cumplan escrupulosamente con las obligaciones" que establece la ley y que cumplan los permisos, con el fin de que "el ejercicio de la actividad sea adecuado" y evitar que se repitan "circunstancias lamentables" como las acontecidas el pasado día 1 en el Madrid Arena.

MARIA TERESA ALONSO SIGUE ESTABLE DENTRO DE LA GRAVEDAD

La joven María Teresa Alonso, de 20 años, que resultó herida en la avalancha ocurrida durante una fiesta celebrada en el recinto Madrid Arena, continúa estable dentro de la máxima gravedad en la UVI de la Fundación Jiménez Díaz. Según han informado fuentes hospitalarias, transcurridos once días desde su ingreso, el estado de la joven no ha registrado ninguna variación y su pronóstico sigue siendo muy grave.

María Teresa Alonso Vinateo, nacida el 5 de abril de 1992 en Madrid, fue ingresada en estado crítico por heridas provocadas por el aplastamiento, según informaron fuentes de la investigación

La familia de la joven ha pedido que se mantenga la privacidad en cuanto al estado de María Teresa por lo que el hospital en el que está ingresada no emite partes médicos sobre su evolución.

La avalancha registrada en el Madrid Arena provocó la muerte de cuatro jóvenes, cuya autopsias indicaron que fallecieron asfixiadas por aplastamiento.

QUEJA DE LA ORGANIZACION MEDICA COLEGIAL

La Organización Médica Colegial (OMC) ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigue por qué se suspendió la donación de órganos de Belén Langdon, cuarta víctima mortal de la avalancha en la fiesta de Halloween del Madrid Arena, "a fin de depurar responsabilidades". El pasado 3 de noviembre, el juez Carlos Valle, titular del Juzgado de Instrucción número 14 que se encontraba de guardia ese día, prohibió que se donasen los órganos de la joven de 17 años Belén Langdon, con el fin de "no interferir en la investigación judicial de los hechos".

En la queja formal elevada al CGPJ, la OMC señala que "no es fácil encontrar criterio fundado para la negativa del juez", que se basa -según el escrito- "en el celo del funcionario judicial" y afirma que esta actuación supone "un absoluto desprecio público y notorio a la vida humana, prevaleciendo la muerte a la vida de las personas posibles receptoras de los órganos".

Asimismo, subraya que el proceso de extracción de los órganos ya había comenzado y que incluso el hígado se encontraba preparado para ser implantado en otra persona y destaca que se había avisado ya a varios receptores de órganos "con la consiguiente frustración de esperanzas para este tipo de enfermos en tan delicada situación clínica".

Sobre el caso de la joven Belén Langdon, la OMC recuerda que estuvo durante cuatro días "sometida a todo tipo de pruebas que han dejado abundante documentación y conclusiones clínicas" y apunta a que se podrían haber extraído muestras biológicas para una posterior investigación "sin obviar el trasplante".

"El resultado es que un acto de extrema generosidad, cual es la voluntad de Belén y de sus padres, dirigida a causar tanto bien, ha sido obstaculizado por una decisión judicial, quizás legítima, pero no demasiado acertada en este concreto caso y, en absoluto fundamentada y motivada", sostiene el escrito de la OMC.