Las demandas de transporte aéreo han colapsado los juzgados de lo mercantil de la Comunidad de Madrid tras la nueva doctrina fijada por el Tribunal Supremo que añade el lugar de salida y llegada del avión como un nuevo criterio para poder litigar, lo que afecta especialmente a la capital. Se trata de una de las principales conclusiones que hoy ha puesto de manifiesto el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieria, durante la presentación de la Memoria Anual que recoge la actividad de los órganos judiciales de la región desarrollada el pasado año.
En cifras, los asuntos en materia de transporte aéreo ingresados en los juzgados han aumentado un 121% al pasar de 4.926 en 2016 a 10.906 el pasado año, un crecimiento que se ha disparado en 2017.
Vieria ha advertido de que este aumento es una de "las graves consecuencias que la doctrina del Supremo esta generando en Madrid", epicentro del tráfico aéreo en España por el número de pasajeros y de vuelos que operan en el principal aeropuerto del país.
Ello se debe a que el Supremo haya fijado como criterios para determinar la competencia, no solo el domicilio del demandado y del del demandante, que fue introducido en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 105, sino también los lugares de salida y llegada del avión. Por tanto, se abre la puerta a que personas que residan fuera de Madrid puedan litigar en la capital e, incluso, que a compañías extranjeras se las puede reclamar en Madrid si el vuelo sale o aterriza aquí. Y si se suma el hecho de que la mayoría de las empresas de transporte aéreo tienen su sede en Madrid, el panorama augura un aumento todavía mayor de los asuntos ingresados, ante el desplazamiento de competencias hacia los órganos judiciales de la ciudad que tendrán que hacer frente a muchas más demandas.
Al margen de la doctrina del Supremo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha señalado que los procedimientos se han disparado porque "la gente ha empezado a conocer que puede hacer reclamaciones al transporte aéreo y presentarlas en los juzgados", algo que antes no pasaba pero que ya estaba ahí, pues la posibilidad de presentar demandas derivadas del transporte siempre ha estado abierta.
Para hacerlo frente, Vieria ha planteado que a partir del 1 de septiembre sean jueces de refuerzo los que asuman en exclusiva esta competencia, que "ha colapsado el funcionamiento de lo mercantil".
Con todo, ha precisado que solo un 30% de los asuntos suelen terminar en sentencia puesto que el resto finalizan con las alegaciones de la parte demandada o con acuerdos.
Así, el transporte aéreo combinado con la "litigiosidad masiva" derivada de la "avalancha" de demandas por las cláusulas abusivas ha incrementado en un 7% el número de asuntos ingresados en la jurisdicción civil, frente a la disminución de un 6,8% en el orden penal.
Vieria ha destacado que la creación de juzgados especializados en cláusulas suelo, que en el caso de Madrid ha correspondido al Juzgado de Primera Instancia 101 bis, ha permitido "frenar en parte el impacto de esta litigiosidad masiva", aunque "aun no ha dado una solución definitiva a este grave problema", para lo cual se requiere, ha dicho, de medidas legislativas de más largo alcance.
El presidente también ha advertido del repunte en la jurisdicción social, especialmente en las demandas de despido con la Comunidad de Madrid a la cabeza del país, que contrasta con la tendencia a la baja que experimenta un año más el orden contencioso administrativo.
Todo ello arroja un panorama que convierte a Madrid en la tercera comunidad autónoma tras Andalucía y Cataluña con mayor litigiosidad.
SE INVESTIGARÁ SI HUBO ALGUNA IRREGULARIDAD EN EL ACCESO POR EL GARAJE DE CIFUENTES A LOS JUZGADOS DE PLAZA DE CASTILLA
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) trasladará a Sala de Gobierno si ve "alguna irregularidad" en que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, accediese por el garaje a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar por el máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Así lo ha manifestado el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Francisco Javier Vieira, durante la presentación de la memoria anual de ese órgano. Vieira ha asegurado que "no había tenido conocimiento directo" de cómo se produjo esa entrada por el garaje de la expresidenta ni de quién lo permitió y, por ello, tratará de enterarse. "Si veo que eso puede tener algún contenido de alguna irregularidad o actuación irregular sería cuestión de trasladarlo a la Sala de Gobierno", ha apostillado Vieira.
Al ser preguntado por las recriminaciones del dirigente del PP Javier Maroto hacia la jueza que investiga las irregularidades en el máster de Derecho Autonómico de la URJC por insistir en investigar al actual presidente del PP, Pablo Casado, cuando es aforado, Vieira ha dicho que los cargos públicos "deberían ser más cuidadosos al criticar una actuación judicial porque no es buena para mantener la independencia" de la Justicia. En este sentido, ha diferenciado entre "opiniones sobre la labor judicial e injerencias en la labor judicial" y ha señalado que estas últimas no son correctas y "hay que evitarlo lo máximo posible". Por último, ha afirmado que los órganos judiciales les "guste o no" están "sometidos a la crítica pública".
