La Comisión de Economía del Ayuntamiento de Madrid da luz verde a la creación de una tasa por la utilización del suelo público a las empresas de telefonía móvil. La propuesta ha salido adelante con los votos en contra de Ciudadanos y del Partido Popular. Según los populares, las compañías acabarán repercutiendo éste impuesto en los clientes.
El Ayuntamiento de Madrid establecerá una nueva tasa a las empresas de telefonía y telecomunicaciones para que no solo paguen tributos municipales las titulares de las redes sino también las distribuidoras, tanto por los servicios de telefonía móvil como para la fija, que hasta ahora no estaba gravada. Así consta en la propuesta de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid que ha recibido hoy el dictamen favorable de la comisión de Economía y Hacienda, con los votos a favor del PSOE y Ahora Madrid y en contra del PP y Ciudadanos.
UNA RECAUDACIÓN DE 17 MILLONES DE EUROS ANUALES
Esta nueva tasa, que tendrá que ser aprobada de forma definitiva en el Pleno de la próxima semana, conllevará una recaudación de unos 17 millones de euros anuales, según los cálculos del PP. La reforma de la ordenanza se produce después de que el año pasado se conociese una sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón al Ayuntamiento de Madrid en el cobro de una tasa a los operadores de telefonía móvil por la utilización del dominio público local, por lo que las compañías tendrán que abonar a la institución 33,7 millones de euros por tributos pendientes de pago.
Con el cambio de la normativa, según ha detallado hoy el delegado de Economía y Hacienda, se pretende homogeneizar la tasa de móviles "respetando al máximo" los parámetros establecidos por el Supremo, además de responder a la "obligación" del Ayuntamiento de establecer las tasas por la utilización de la vía pública para la instalación de telefonía fija.
En representación de Ciudadanos, el concejal Miguel Ángel Rodríguez ha considerado que la aplicación de las reglas de telefonía móvil para la fija supone una "incertidumbre", además de alertar de que las empresas acabarán repercutiendo estas tasas sobre los ciudadanos.
El portavoz del PP en la comisión de Economía y Hacienda, Íñigo Henríquez de Luna, se ha mostrado a favor de regular desde el punto de vista técnico estas tasas, pero se ha mostrado en contra de crear un nuevo gravamen, en referencia al nuevo tributo sobre la telefonía fija. "Estamos en contra de que se incremente la recaudación. Este tipo de subidas las acaban pagando los usuarios finales", se ha quejado el edil popular, que considera que lo que hay que hacer es "bajar la recaudación y la presión fiscal, y no subirla".
El grupo socialista ha mostrado su apoyo al equipo de Gobierno en el establecimiento de esta nueva tasa. El delegado de Economía y Hacienda ha reprochado al PP y C's que les dé "un poquito de rubor" cobrar impuestos a los "poderosos". "Si le estamos cobrando a un bar por aprovechamiento del suelo en una terraza, ¿por qué no se va a hacer lo mismo en una empresa de telecomunicaciones?", se ha preguntado.
CRÉDITOS PARA COMPENSAR LO INMOVILIZADO POR HACIENDA
Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la concesión de créditos por un importe total de 230,4 millones de euros en su presupuesto para 2017, con lo que pretende compensar la inmovilización de 238 millones que tuvo que realizar por exigencia del Ministerio de Hacienda.
La comisión municipal de Economía y Hacienda ha aprobado con los votos a favor de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP la aportación al presupuesto de 195,1 millones de euros en concepto de suplementos de crédito y 35,3 millones en créditos extraordinarios, decisión que deberá ser ratificada por el Pleno del Consistorio. Estos créditos serán financiados con el remanente de tesorería para gastos generales que, según ha asegurado el concejal del ramo, Carlos Sánchez Mato, "supera los 460 millones de euros".
Más tarde, el edil ha avanzado que planteará la concesión de 195 millones adicionales para "compensar y eliminar el efecto que tendrían" los acuerdos de no disponibilidad sobre las "políticas públicas del Ayuntamiento.
Entre los recursos financieros que se utilizarán, además del remanente de tesorería, Sánchez Mato ha citado los dividendos de la Empresa Municipal de Transportes (42,8 millones), los ingresos por la nueva tasa de telefonía (8,6 millones) o los reintegros de la Seguridad Social (8,9 millones).
El importe de los créditos se distribuirá entre los 21 distritos de la capital y las distintas áreas de Gobierno. Sánchez Mato ha precisado que esta dotación económica se destinará a "edificios para la administración", a la "gestión del patrimonio" y a realizar "actuaciones en los distritos", de forma que sea posible el "cumplimiento del acuerdo de Gobierno" suscrito entre el PSOE y Ahora Madrid.
CIUDADANOS ACUSA A SÁNCHEZ MATO DE INFRINGIR LAS REGLAS
El concejal de Ciudadanos Miguel Ángel Redondo ha acusado a Sánchez Mato de haber infringido la regla de gasto "de forma premeditada" y practicar "ingeniería contable", y ha comentado que "parece que les sobra dinero por todas partes".
Por parte del PP, el edil Íñigo Henríquez de Luna ha calificado de "chanchullo" la transformación de remanentes en "inversiones financieramente sostenibles". La socialista Érika Rodríguez ha explicado que la regla de gasto "no va a hacer que el Ayuntamiento sea más sostenible, porque ya lo es" y que es el motivo de que el PSOE y Ahora Madrid hayan debido tomar "caminos sinuosos" para evitar recortes presupuestarios. A causa de las exigencias de Hacienda, el Ayuntamiento de Madrid se vio obligado a inmovilizar 238 millones de euros de su presupuesto por incumplir la regla de gasto en 2016, operación que culminó el pasado 31 de mayo.
El Consistorio ya ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones del Ministerio, alegando "indefensión jurídica".
Madrid incumplió en 2016 la regla de gasto en 233 millones, por lo que estaba obligado por la ley de estabilidad presupuestaria a aprobar un plan económico financiero (PEF) para mostrar su solvencia, un plan que el Ministerio rechazó en abril. El Gobierno de Manuela Carmena, con el apoyo del PSOE, había aprobado un PEF que, en lugar de proponer recortes, planteaba al Gobierno una interpretación alternativa de la regla de gasto y las normas de estabilidad presupuestaria.
