La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid negociarán un convenio para comenzar "a corto plazo" a desmantelar el sector VI de la Cañada Real Galiana, en el que se encuentra el área más conflictiva, y que tiene "afecciones urbanísticas insalvables, a las que se unen la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad y los problemas derivados del tráfico y consumo de drogas.
Este compromiso se enmarca dentro del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana que ha firmado este martes la presidenta regional, Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, los alcaldes de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid y los portavoces de los cuatro grupos de la Asamblea de Madrid, un Pacto que es fruto del consenso y
En su intervención tras firmar el Pacto, la presidenta regional ha destacado que por primera vez se ha aprobado un acuerdo con el consenso de todas las Administraciones implicadas, de los grupos políticos de la Asamblea, de las asociaciones vecinales y de las entidades sociales que trabajan en el asentamiento. Además, ha subrayado que este Pacto será de obligado cumplimiento para las distintas administraciones públicas implicadas, "con independencia de los cambios políticos que se produzcan durante todo el periodo de tiempo que abarquen las actuaciones que se van a poner en marcha en la Cañada".
El Pacto Regional por la Cañada Real Galiana se estructura en ocho apartados generales y siete anexos, todos ellos con la premisa fundamental de garantizar el derecho a la vivienda a todos los habitantes de la Cañada que cumplan los requisitos previstos, como estar censados antes de diciembre de 2011. Para quienes no estuvieran en el censo en esa fecha, existe el compromiso de estudiar la posible celebración de un convenio marco que ofrezca una solución residencial.
Las medidas recogidas en esta hoja de ruta son aplicables a un tramo de la Cañada Real de unos 14,2 kilómetros de longitud, con una extensión de 107 hectáreas, que discurre en su mayor parte por el municipio de Madrid, pero también implica a los ayuntamientos de Coslada y de Rivas Vaciamadrid. Según el último censo, en la zona viven cerca de 7.300 personas en unas 2.500 viviendas. Además, también hay comercios e industria.
SIGUIENTES PASOS
Como siguientes pasos, tras la firma del Pacto, se va a convocar de manera inminente los tres órganos colegiados que forman la estructura organizativa permanente que garantizará la aplicación del acuerdo. Se trata, por un lado, de la Asamblea de la Cañada, órgano de debate y participación de las administraciones públicas, los grupos políticos, las entidades sociales y las asociaciones de vecinos. Contará con unas mesas sectoriales en materia social, de seguridad y técnico urbanística.
Por otro, del Comité Ejecutivo de la Cañada, que es el órgano de adopción de decisiones, con participación de la Delegación del Gobierno, dos representantes de la Comunidad, uno de cada uno de los ayuntamientos afectados. El Comité Ejecutivo estará presidido por el comisionado regional para la Cañada. Y, por último, de la Comisión de Seguimiento del Pacto Regional, el órgano encargado de fiscalizar e interpretar el Pacto Regional.
Asimismo, se van a constituir las tres ponencias técnicas (urbanística/medioambiental, jurídica y económica) que estudiarán la solución más adecuada para los sectores del 2 al 5 de la Cañada, que pertenecen a los municipios de Madrid y Rivas Vaciamadrid. Deberán emitir sus informes finales en el plazo de un año, prorrogable por otro.
El Pacto también prevé una solución definitiva para el sector 1 (Coslada), con la consolidación de la mayoría de las viviendas existentes. En el caso de las impactadas por afecciones urbanísticas, se ofrecerán alternativas de realojo. Los sectores 1 y 6 de la Cañada representan más del 60 por ciento del terreno del asentamiento.
Otra de las medidas que se va a adoptar de forma inmediata va a ser la licitación de las obras para la adecuación del firme de la Cañada. Se trata de una de las actuaciones del plan de choque que se va a poner en marcha a corto plazo para dignificar las condiciones de vida de los vecinos de la zona.
Este plan incluye, entre otras, la adecuación de viales, lo que facilitará el acceso del servicio de correos y de rutas escolares; la adecuación y regularización de las redes de suministro de luz y agua; la limpieza de escombros; la implantación de líneas de la EMT (la primera comenzó ya a funcionar el 1 de febrero); y la formalización de un convenio con la Fundación 'la Caixa' para temas sociales.
Además, se va a mejorar la coordinación con la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) de la Comunidad; se garantizará la aplicación del Plan de acción integral contra la violencia de género en la zona; se implantarán proyectos de inserción para víctimas de explotación sexual; la ejecución de campañas de desinfección, desratización y desinsectación; un plan para la reubicación de animales que puedan causar insalubridad; un servicio de retirada de coches abandonados; o medidas para impulsar la reducción de la ratio de alumnos en educación infantil en los centros educativos próximos a la Cañada.
PLAN SOCIAL
El Pacto también recoge un conjunto de medidas en materia social, sanitaria, educativa y laboral destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la Cañada e impulsar su integración. Así, en materia social, se aprueba un censo actualizado de la Cañada Real y la creación de uno específico de población en edad escolar; se establecen espacios para desarrollar actividades socioculturales, deportivas, de carácter administrativo o de seguridad.
Además, la Comunidad se compromete desplegar un equipo de trabajadores sociales; se tomarán medidas para evitar la duplicidad de servicios sociales; y se facilitará el acceso a la Renta Mínima de inserción (RMI).
En materia sanitaria, se impulsarán campañas informativas sobre el sistema sanitario madrileño y para la obtención de la tarjeta sanitaria; se celebrarán campañas de vacunación, actuaciones de prevención y promoción de la salud y campañas de panificación familiar; y se aprobará un protocolo de actuación entre los Servicios Sociales y el SUMMA para casos de emergencia social o sanitaria. Además, se construirán las infraestructuras necesarias para la mejora de las condiciones de vida de los toxicómanos (salas de venopunción con acompañamiento terapéutico y albergue social).
En el ámbito educativo, se mejorarán las rutas escolares, se promocionará el acceso a las becas y las ayudas de comedor, libros de texto, material escolar y transporte; se impulsarán campamentos de verano y actividades de carácter lúdico y deportivo fuera del horario lectivo; se favorecerá el acceso a las nuevas tecnologías; se pondrán en marcha programas de mediación entre las familias y los colegios; y se promoverán programas permanentes de educación de adultos.
Por último, en materia laboral, se va a crear una bolsa de empresas dispuestas a ofrecer empleo a los vecinos de la Cañada, se organizarán cursos de fomento para el autoempleo y la creación de empresas y se creará una oficina de empleo en Rivas Vaciamadrid, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.
