El juzgado contencioso administrativo número 9 de Madrid ha decretado la nulidad del acuerdo plenario que creó, con el apoyo de Ahora Madrid, C's y el PSOE, la comisión de investigación de la deuda del Ayuntamiento de Madrid, según el fallo dado a conocer hoy por el Partido Popular, que puso la denuncia.
La resolución, del 13 de diciembre, declara nula la comisión al considerarla no conforme a derecho debido a que ésta no tiene un "objeto concreto, sino genérico, vedado a este tipo de comisiones no permanente", según figura en el fallo y ha explicado esta tarde la portavoz del PP en el Consistorio madrileño, Esperanza Aguirre.
"Ningún supuesto específico se señala, lo que se acuerda es que se investigue todo para ver si algo se descubriera", indica la resolución, que añade que para esa información puede analizarse a través de informes solicitados por el Pleno o por la alcaldesa a quienes tienen la competencia para informar de dichas cuestiones.
Para Aguirre, la sentencia "ratifica" los argumentos de los populares respecto a que la comisión era una "una causa general contra la gestión del Partido Popular, un "proceso inquisitorial" que también retrata, según la edil, al PSOE y a Ciudadanos que pretendían "anular al PP por razones de interés electoral".
La concejal popular ha calificado de "varapalo judicial" la resolución, que las partes pueden recurrir en el plazo de 15 días, y hay calificado el fallo de "enmienda a la totalidad" a los conocimientos jurídicos y administrativos de los partidos que apoyaron la comisión.
Además ha pedido a la alcaldesa Manuela Carmena pida disculpas al grupo municipal del PP, donde hay ediles de las legislaturas investigadas, a los exalcaldes Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella, a los votantes, a los funcionarios y a la actual delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, que fue delegada de Hacienda en el Consistorio.
La comisión, que tiene por objeto analizar la gestión y el origen del endeudamiento" de los últimos 12 años, dictaminó el pasado 14 de septiembre que los madrileños habían perdido 162 millones de euros por la venta de más de 1.800 viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid a fondos de inversión bajo el mandato de Ana Botella.
Sobre la legalidad de la venta de patrimonio de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, Aguirre ha añadido que la causa judicial se archivó y que no sabe que lo que ocurrirá "en el futuro judicialmente con eso".
