Los locutorios de la capital, uno de los sectores con mayor índice de irregularidades -hasta un 80 % en 2010-, serán objeto de una campaña de inspección del Ayuntamiento de Madrid durante los próximos meses de septiembre, octubre y noviembre.
Según ha informado hoy el Ayuntamiento, de esta campaña, la tercera en cuatro años, se encargarán nueve inspectores del Instituto Municipal de Consumo que visitarán alrededor de 300 establecimientos para comprobar el cumplimiento de los requisitos específicos aplicables a esta actividad, recogidos en la normativa autonómica.
Vigilarán, por ejemplo, la información obligatoria que ha de suministrarse al usuario de estos servicios antes de hacer uso de los mismos y que se refiere al alcance de las comunicaciones, las instrucciones que deben seguirse o las tarifas aplicables.
También la entrega de un documento acreditativo del pago de estos servicios con los datos relevantes de la operación efectuada, entre ellos la identificación completa del prestador del servicio, la identificación del carácter de la llamada efectuada, el importe total y la fecha.
Además, controlarán el cumplimiento de las obligaciones generales en materia de protección de los derechos del consumidor en estos locales, como que el establecimiento disponga de hojas de reclamaciones y las anuncie adecuadamente o que la publicidad existente en el local sea veraz, no induzca a error al consumidor ni atente contra sus derechos.
Dado que en este tipo de locales se realizan a menudo otro tipo de actividades de venta de artículos o de prestación de servicios, se comprobará también que la exhibición de precios, tanto de los productos que se vendan como de los servicios que se presten sea adecuada.
Se hará especial hincapié asimismo en que los artículos lleven la información preceptiva en su etiquetado (sobre todo que incluya la identificación completa del responsable de la puesta en mercado del producto).
Durante la anterior campaña, realizada en 2010, se inspeccionaron 551 empresas y se encontraron incumplimientos de la normativa de protección de los derechos del consumidor en el 80 % de los casos.
Entre las irregularidades más frecuentes estuvieron la falta de exposición del cartel obligatorio que se exige en virtud de la normativa y que debe informar sobre las condiciones básicas del uso del servicio, sobre al alcance de las comunicaciones y sobre las tarifas, ausente en más de 4 de cada 10 locales.
Cuando sí estaba expuesto el cartel, éste no contenía toda la información obligatoria en el 32,8 % de los casos.
En los justificantes de pago por el servicio realizado no constaba la identificación del prestador del servicio en el 21 % de los casos. Tampoco disponían de hojas de reclamaciones el 23 % de los establecimientos y el 7 % carecía de cartel anunciador.
