La comisión que investiga la venta de más de 1.800 viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid ha concluido que la operación -en la que la Comunidad fue "colaboradora necesaria"- conllevó una pérdida de 162 millones de euros para las arcas municipales, al venderse el patrimonio por 128 millones cuando tenía un valor de 292. Esta es una de las conclusiones del informe aprobado hoy por unanimidad en la comisión de investigación sobre la deuda y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid, que ha estudiado en sus primeras sesiones la venta de viviendas públicas realizada en 2012 y 2013 por la EMVS bajo el mandato de la popular Ana Botella.
La Cámara de Cuentas cuestionó la operación por no haber respetado las instrucciones internas de contratación y no existir tasación previa. Tanto Ahora Madrid como el PSOE y Ciudadanos han reprochado al PP en las conclusiones su "irresponsable actitud antidemocrática" de no asistir a las sesiones de la comisión de investigación.
En el apartado de recomendaciones, consta que se pedirá la reprobación plenaria de "los responsables políticos que permitieron e impulsaron" la venta de viviendas de la EMVS, una propuesta que saldrá previsiblemente adelante con los votos favorables de Ahora Madrid, el PSOE y Ciudadanos. El dictamen también sugiere emprender acciones legales contra la venta, en concreto la interposición de una querella contra los anteriores responsables de la EMVS, pedir responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas, declarar de oficio la nulidad de la venta e interponer una denuncia ante la Comisión Europea por una posible infracción del derecho de competencia.
El equipo de Gobierno de Manuela Carmena ya ha había hecho pública su intención de emprender acciones legales contra la enajenación. Las conclusiones recogen también que aquella operación impidió el desarrollo del "fin social" de la empresa municipal y que la situación económica de la empresa fue consecuencia de "continuados años de mala gestión", en los que la EMVS fue "un mecanismo de financiación de la política municipal del despilfarro". Además, según ese documento, para sanear la empresa "existían otras alternativas distintas a la venta del patrimonio", por lo que prescindir de patrimonio fue una decisión "política" y no económica.
"INCUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD BÁSICA"
El informe incide en algunos aspectos ya reseñados por la Cámara de Cuentas, como el "incumplimiento de la legalidad básica", pues "no se respetaron los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en el desarrollo del procedimiento" ni la legislación de adjudicación, como tampoco se aplicaron las condiciones de solvencia establecidas por la propia EMVS. En cuanto a las pérdidas patrimoniales, el documento incide en que el valor de los bienes ascendía a 291,4 millones de euros en lugar de los 128,5 que se pagaron, según los precios oficiales de VPP de la Comunidad de Madrid.
Por todo ello, los grupos de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos concluyen que no existían controles legales y financieros en la EMVS y reprochan al gobierno de Ana Botella el "desprecio absoluto a los derechos y la dignidad de los arrendatarios de las viviendas enajenadas", cuyas condiciones de vida se han visto deterioradas. El último punto de las conclusiones alude además a la Comunidad de Madrid, que "no sólo no veló por el cumplimiento de las adecuadas normas de control e inspección de las VPP -vivienda de protección pública- enajenadas sino que colaboró activamente modificando el reglamento de la Comunidad, permitiendo este expolio del patrimonio público".
Aunque todos los grupos han votado a favor de estas conclusiones y de las recomendaciones posteriores que incluyen la petición de emprender acciones legales para lograr la nulidad de la venta, el portavoz de Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo, ha echado en falta informes técnicos y jurídicos que avalen la pertinencia de esas acciones. "Habría que ver el coste económico que podrían tener para las arcas municipales esas acciones legales. Si perdemos podría suponer unas costas de hasta 30 millones de euros y el Ayuntamiento podría ser condenado a pagar a los fondos buitre a pesar de que se declarase la nulidad", ha reflexionado.
En cambio, los socialistas han animado al equipo de Gobierno de Ahora Madrid a ir a los tribunales para declarar nula una operación que fue "la ley de la selva" y supuso un "quebranto patrimonial absolutamente irresponsable" llevado a cabo en "connivencia absoluta con la Comunidad de Madrid".
Por su parte, el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha advertido de que Ahora Madrid no hará "las cosas a lo loco" sino "con criterio", y en referencia a la conveniencia de ir a los tribunales se ha preguntado: "¿Qué pensarían los madrileños si ante un quebranto patrimonial de 162 millones de euros simplemente miramos al tendido?".
Con la aprobación del dictamen sobre una de las decisiones más cuestionadas del mandato de Ana Botella se ha dado por concluido el primer bloque de sesiones de la comisión que investigará la deuda, las contrataciones y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid en las tres pasadas legislaturas.
Presidida por la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, la comisión está formada por cuatro representantes de Ahora Madrid, dos del PSOE y uno de Ciudadanos, ya que el PP renunció a nombrar a sus 4 vocales al considerar que es una "cacería" y una "causa general" contra su gestión.
