Semana decisiva para la operación 'Madrid, Nuevo Norte'. La Comunidad da su su aprobación y envía este lunes su informe de impacto ambiental al Ayuntamiento. El gobierno de Manuela Carmena debe decidir si da luz verde al proyecto antes de las elecciones del domingo, según ha adelantado El Mundo.
El informe de evaluación ambiental fue solicitado por el Consistorio madrileño el pasado 20 de marzo, y se trata del último trámite administrativo necesario para que el Pleno pueda votar la aprobación inicial del proyecto.
Requerimiento en infraestructuras
Según El Mundo, en el informe autonómico se hacen una serie de requerimientos, entre los que se incluyen pedir que se detalle quién se hará cargo del coste de las infraestructuras que conlleva este proyecto de 10.500 viviendas y un gran centro de negocios en el norte de la capital.
En concreto están previstas obras del Canal de Isabel II, tres nuevas paradas de metro para prolongar la línea 10 o las carreteras del nuevo ámbito.
Pero, según publica El Mundo, la Comunidad de Madrid no quiere acometer ninguna inversión en las infraestructuras que dependen de su competencia, tanto Metro como el Canal.
La financiación de estas obras está definida en un protocolo firmado el pasado 22 de abril por los tres actores de este proyecto: Adif, empresa pública de Fomento, propietaria de los suelos; Distrito Castellana Norte, promotora privada formada por el BBVA y la Constructora San José; y el Consistorio madrileño.
Según este documento, la capital se haría cargo de remodelar y cubrir el final del paseo de la Castellana, de acometer un túnel para conectar el nuevo ámbito, de mejorar el nudo norte de Calle 30 (M-30) y el de Fuencarral.
Por su parte el Ministerio de Fomento (Adif y Adif-Alta Velocidad) asume la reforma de la estación ferroviaria de Chamartín y el cubrimiento de las vías, así como las nuevas estaciones en Fuencarral mientras que DCN se encargaría del retranqueo del Canal y de la ampliación del Metro pero gastando como máximo 141 millones de euros.
Aspecto medioambientales
Además, en el documento se pide que se precisen aspectos sobre la contaminación, atmosférica y acústica y sobre el arbolado para asegurar la sostenibilidad del desarrollo, añade este diario.
Completado este último trámite, el Gobierno de Carmena debe decidir qué paso da, después de que la pasada semana asegurase que en la medianoche del viernes finalizaba el plazo que se daban para tramitarlo, aunque matizasen que harían los esfuerzos posibles para poder aprobarlo antes del fin del mandato.
De hacerlo en esta semana, el Consistorio no cumpliría con su compromiso de dar un plazo de una semana a los grupos para que estudiasen el proyecto antes de su votación.
En todo caso el plan no quedaría aprobado de forma definitiva, pues una vez que se vota en el Pleno la Comunidad de Madrid tiene cuatro meses para dar su visto bueno, dado que este proyecto supone una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
