Alfonso Alonso, nuevo ministro de Sanidad

El portavoz de Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, será el nuevo ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Alonso tomará posesión de su cartera este miércoles, tras jurar su cargo ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela, en un acto en el que estará presente también el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, como notario mayor del Reino.

Además de ser el portavoz parlamentario, Alonso es presidente del Partido Popular en Álava y fue alcalde de Vitoria de 1999 a 2007.

El nuevo ministro asume las riendas de este departamento después de que Ana Mato presentara su dimisión el pasado día 26, cuando se hizo pública la decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de considerarla participe a título lucrativo en el caso Gürtel.

La exministra emitió un comunicado en el que puso de manifiesto que "en ningún caso" el juez le imputa "ningún delito" ni tampoco le atribuye "responsabilidad penal alguna".

"No quiero, bajo ningún concepto, que mi permanencia en esta responsabilidad pueda ser utilizada para perjudicar al Gobierno de España, a su presidente ni tampoco al Partido Popular", subrayó Mato. El nombramiento de Alonso se publicará este miércoles el Boletín Oficial del Estado.

TENDRA QUE REMATAR LAS INICIATIVAS QUE MATO DEJO PENDIENTES

Alfonso Alonso llega al frente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cuando queda menos de un año de legislatura plazo en el que deberá afrontar distintos retos que dejó pendientes su predecesora en el cargo tanto en el área de Salud como en la de Política Social, y que van desde iniciativas legislativas comprometidas y que aún no han visto la luz, hasta el desarrollo de otras que, aprobadas, no se han puesto en marcha.

Sobre Política Social, la nueva ministro tiene la responsabilidad de pivotar la llamada "agenda social" del Gobierno, diseñada en un grupo interministerial del que forma parte la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, y que en la recta final de la legislatura afronta algunas de sus principales medidas.

Entre ellas, destacan los dos proyectos de Ley de Protección de la Infancia, uno de ley orgánica y otro de Ley ordinaria, que esta semana o la siguiente pasarán en segunda vuelta por el Consejo de Ministros después de recibir los informes de los órganos consultivos, el último, el pasado viernes, del Consejo de Estado.

Estos proyectos, que introducen severas novedades en ámbitos como la regulación del acogimiento familiar y las adopciones, llevan consigo la modificación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo prevista para imponer que todas las menores de 16 y 17 años necesiten consentimiento paterno para practicarse un aborto. En la actualidad, sólo deben informar a los padres y, en caso de conflicto familiar grave, están exentas de ese trámite.

En paralelo a la reforma del aborto, el Gobierno prometió un Plan de Apoyo a la Familia y la Maternidad, iniciativa esta que se está fraguando con participación, entre otros, del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Empleo y que verá la luz, según ha ido informando el Gobierno, en los próximos meses. La medida no convence a las organizaciones de familia, que esperaban que el PP cumpliese su programa electoral y aprobase una Ley de Apoyo a la Maternidad.

LEYES COMPROMETIDAS

Alonso tendrá asimismo que pivotar una posible reforma de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral frente a la Violencia de Género. Si bien no existe una propuesta firme de modificación, la saliente Ana Mato había iniciado un diálogo con los grupos parlamentarios y con distintos agentes de las instituciones y la sociedad civil para, en el marco del décimo aniversario de la normativa, recoger propuestas de mejora.

Además, bajo su mandato se deberán materializar algunas de las iniciativas adoptadas en el marco de la Estrategia Nacional de Violencia de Género que aún no han tomado forma, como la implantación de asistencia letrada en todas las comisarías, la creación de una "ventanilla única" de atención a las víctimas de maltrato o la puesta en marcha de un nuevo cuestionario policial de evaluación del riesgo para que los agentes hagan un diagnóstico más certero de la situación de la mujer.

Otra de las medidas que están sobre la mesa es la entrada prevista en el sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de los dependientes grado I, es decir, aquellos cuya necesidad de ayuda se considera "moderada" y que debieron incorporarse a los beneficios que reconoce la ley en 2012, aunque el Ejecutivo lo ha pospuesto dos años seguidos como medida de austeridad.

Asimismo, quedan dos iniciativas legislativas anunciadas a lo largo de la Legislatura que aún no han visto la luz ni en forma de anteproyecto. Se trata de la Ley del Tercer Sector de Acción Social, que según dijo Ana Mato en marzo de 2012 estaría lista en el "menor plazo posible" y la Ley Estatal de Voluntariado, que en marzo de 2014 se ofreció como medida para establecer un marco jurídico a la labor altruista en España.

SANIDAD: UN PACTO PENDIENTE

En cuanto al área sanitaria, el otro gran eje de sus responsabilidades ministeriales, el nuevo titular de la cartera de Sanidad debe cerrar un gran pacto socio-sanitario que permita integrar ambos sistemas y completar la implantación definitiva y la interoperabilidad de la 'e-salud', que incluye la receta electrónica y la historia clínica digital.

Tras lograr un acuerdo con los profesionales sanitarios (médicos, enfermeros y farmacéuticos) para garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública, y ante la imposibilidad de conseguirlo con los grupos políticos, el objetivo de Ana Mato pasaba por un nuevo pacto que, en este caso, se centraba en integrar los servicios sociales y sanitarios de las comunidades en un único sistema.

Para su elaboración se habían creado cinco grupos de trabajo y el objetivo era que el primer borrador estuviera listo después del verano para aprobarse de forma definitiva en el primer trimestre de 2015.

La integración se ampara en el progresivo envejecimiento de la población y en la necesidad de mejorar el abordaje de las enfermedades crónicas, que requiere reorientar la atención a los cuidados de larga duración.

Por otro lado, también queda pendiente completar la implantación definitiva de la historia clínica digital y de la receta electrónica, y conseguir que ambas sean interoperables en toda España, con independencia de la comunidad donde resida cada ciudadano.

Según los últimos datos del Ministerio, el 77 por ciento de las recetas que se prescriben en España son ya electrónicas, mientras que ya hay más de 12 comunidades que pueden compartir la historia clínica de sus pacientes de forma digital.

LEY DEL ALCOHOL

Además, también queda pendiente la puesta en marcha de una ley para evitar el consumo de alcohol en menores de edad, especialmente entre los 14 y los 16 años, en el que estaba trabajando el equipo de Mato en colaboración con el Ministerio de Agricultura.

La elaboración de esta norma se debe a que la edad de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas se sitúa actualmente en los 13,9 años de media, según las últimas encuestas, que también muestran que un 52 por ciento de los chicos y chicas de 16 reconoce haberse emborrachado al menos una vez durante el último año.

Los primeros borradores de la norma apuntaban a una unificación y endurecimiento de las sanciones para los establecimientos que faciliten el acceso de estas bebidas a menores de 18 años, con posibles distinciones en función de su graduación.

La cartera de Sanidad tiene pendientes otros proyectos normativos más técnicos como el Real Decreto de Troncalidad o el de precios y financiación de fármacos, así como la definitiva puesta en marcha del Registro Estatal de Profesionales sanitarios.