Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Fernández Díaz y 19 para Villarejo por espiar a Bárcenas
- Los fiscales solicitan además una inhabilitación de 33 años para el exministro por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad
- El Ministerio Público solicita 15 años de cárcel para el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y para el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido condenar al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz a 15 años de cárcel por 'Kitchen', un presunto operativo parapolicial para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y robarle la información sensible que tuviera del PP, mientras que ha interesado una condena de 19 años de prisión para el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales Cesar de Rivas y Miguel Serrano interesan asimismo una inhabilitación de 33 años para el exministro por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad.
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Por otro lado, el Ministerio Público solicita 15 años de cárcel para el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y para el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino.
El magistrado puso fin a la instrucción de esta pieza separada de 'Tándem' el 29 de julio de 2021. Fue el pasado 20 de abril cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó la decisión del juez de dar por finalizada la investigación al rechazar todas las peticiones, incluida la de la Fiscalía Anticorrupción, para que el instructor profundizara en la llamada trama política.
Las acusaciones populares que ejercen PSOE y Podemos ya habían presentado sus escritos, reclamando respectivamente una condena de 47 años y 41 años de cárcel para Fernández Díaz, mientras que los Bárcenas -el ex tesorero, su mujer y su hijo- han pedido más de 40 años de prisión para el ex ministro de Interior.
Desde este frente, solo quedaba pendiente el escrito de acusación de Anticorrupción, que se había retrasado por un motivo procesal -que el conjunto de lo investigado quedara accesible en la plataforma digital- y otro sustantivo: ver cómo podría afectar a esta pieza separada la reforma del delito de malversación.
