España registró 2.390 muertes de personas que intentaban llegar a sus costas durante 2022, con un total de 1.784 de estos fallecimientos, tres de cada cuatro, sucedidos en la ruta canaria.
Así lo pone de manifiesto el informe sobre la situación del sistema de asilo y de las personas refugiadas en España presentado este jueves por Accem en el Ateneo de Madrid, un trabajo que forma parte del estudio AIDA (Asylum Information Database) del Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), con información detallada sobre los sistemas nacionales de asilo de 23 países.
Según Teresa De Gasperis, autora del estudio para España, esto se debe a “la ausencia de vías legales y seguras” que permitan tramitar solicitudes de protección internacional o solicitar visados desde las embajadas.
Además de “las barreras que impiden llegar de forma segura” a España, práctica que se repite en el conjunto de países europeos, denunció que durante 2022 se siguieron produciendo “devoluciones en caliente”, una actuación “contraria al derecho internacional”.
“El año pasado hubo dos saltos masivos a la valla de Ceuta y Melilla, y son muchas las ONG que denunciaron expulsiones sumarias”, subrayó De Gasperis.
Estos no fueron los únicos casos recogidos en el informe, que resalta la tragedia ocurrida el 24 de junio en Melilla, cuando al menos 37 personas murieron al intentar entrar.
De Gasperis también se refirió a las dificultades de las personas refugiadas y solicitantes de protección en España a la hora de “acceder “al empleo, la vivienda, la atención social o los servicios financieros”. A su juicio, “el racismo y la xenofobia están detrás de tales discriminaciones”.
Agregó que la representante de Acnur calificó de “crítica” la situación en el acceso a la protección internacional en el país”, debido a “los numerosos obstáculos y los largos periodos de espera para obtener la cita necesaria para formalizar la solicitud”. Esto favoreció la aparición “de un mercado negro de citas”, que se han llegado a ofrecer en Wallapop”, recalcó.
MEJORAS
Por otro lado, De Gasperis se refirió a las mejoras producidas en el sistema de asilo y acogida a las personas refugiadas y solicitantes de protección en 2022, entre las que destacó la importante partida del Plan de Recuperación y Resiliencia que el Gobierno destinó entre 2021 y 2023 a la creación de 17 nuevos dispositivos de acogida, con una capacidad de 6.100 nuevas plazas para personas migrantes y refugiadas.
El informe también resalta la sentencia del Tribunal Supremo en diciembre de 2021, que estableció la suspensión automática del procedimiento de expulsión por estancia irregular hasta que no exista una decisión firme de denegación o inadmisión justificada de cualquier solicitud de protección internacional.
Además, subraya la puesta en marcha de mecanismos para la prevención y la respuesta a la violencia de género en los dispositivos de acogida para las personas refugiadas y solicitantes de protección internacional y, también, la reforma parcial de la definición de “persona refugiada” en febrero de 2022, al incluir expresamente la “identidad de género” como motivo para conceder el asilo en España.
DATOS
Durante 2022, un total de 118.842 personas solicitaron protección internacional en España, la mayoría provenientes de Venezuela, Colombia, Perú, Marruecos y Honduras.
Por lo que se refiere a las resoluciones, se concedió el estatuto de refugiado a 6.830 personas y la protección subsidiaria, a 7.405 personas. De esta manera, los primeros cinco países de origen de las personas beneficiarias de alguna forma de protección internacional (estatuto de refugiado o protección subsidiaria) durante el año pasado fueron Mali, Afganistán, Ucrania, Siria y Colombia.
Además, se otorgó la protección por razones humanitarias a 20.924 personas. Un total de 51.838 solicitudes fueron desfavorables y, a finales de año, aún había 92.152 expedientes pendientes de resolución.
El informe incluye por primera vez un apartado específico sobre la protección temporal a personas ucranianas, y señala que en 2022 hubo 161.037 reconocimientos.
Hasta el 16 de enero de 2023, se habían concedido 163.140 autorizaciones de residencia, siendo el 63% de las personas beneficiarias mujeres y el 37% hombres, y 1 de cada 3, menores de edad.