El juez Castro adelanta al 8 de febrero la declaración de la infanta

  • Roca dice que la Infanta quiere declarar porque está "convencida de su inocencia"
  • La defensa asegura que la idea de acatar la imputación partió de la infanta

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha adelantado al 8 de febrero, a las 10:00 horas, la declaración como imputada de la Infanta Cristina, tal y como ha acordado mediante una providencia dictada este lunes, después de que los abogados de la hija del Rey don Juan Carlos anunciasen que no recurrirían el encausamiento, como tampoco la Fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía del Estado.

En su resolución, contra la que cabe recurso de reforma ante el propio Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, el magistrado rebate, no obstante, las consideraciones vertidas por la defensa de la Duquesa de Palma en el escrito que presentó el pasado sábado y en el que se ofrecía a comparecer ante Castro de forma "voluntaria" en la fecha que señalase a tal efecto.

"De ninguna comparecencia voluntaria se trata", asevera el juez en la providencia. La Infanta había sido inicialmente citada para el 8 de marzo.

En este sentido, el instructor alude al artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que contempla que "el procesado podrá declarar cuantas veces quisiere, y el juez le recibirá inmediatamente la declaración si tuviere relación con la causa".

Castro señala, sin embargo, que este precepto es de aplicación "muy forzada" al caso de Doña Cristina, puesto que únicamente está previsto para cuando sea la propia parte "quien toma la iniciativa de prestar declaración o para pedir un adelanto de la fecha inicialmente señalada por el Juzgado".

Y es que, según abunda en su providencia, de dos páginas, la declaración de la Infanta no es ninguna comparecencia voluntaria como tampoco los abogados de la encausada, en el escrito que presentaron el sábado, pidieron "expresamente" que se adelantase la citación prevista el 8 de marzo, a la que "ni tan siquiera se hace la menor referencia".

En cualquier caso, afirma el juez que del escrito se desprende que la pretensión de la defensa de la Duquesa es "acortar el tiempo" para su interrogatorio, por lo que ha adelantado la citación un mes, "armonizándola con los compromisos previamente contraídos por este Juzgado" y ante la necesidad de contar "con un tiempo suficiente para el montaje de los dispositivos de seguridad imprescindibles".

ROCA DICE QUE LA INFANTA QUIERE DECLARAR

El abogado de la Infanta, Miquel Roca, ha explicado este lunes que la Infanta Cristina quiere declarar ante el juez José Castro porque "ha considerado que tenía que hacerlo cuanto antes para aclarar una situación en la que está absolutamente convencida de su inocencia".

En declaraciones a los periodistas, Roca ha añadido que la hija del Rey confía en que, una vez haya prestado declaración en calidad de imputada dentro del caso Nóos por un presunto delito de blanqueo de capitales y fraude fiscal, "habrá quedado todo muy definitivamente aclarado".

Ha reiterado que la Infanta no está satisfecha con esta situación, pero que ha decidido declarar, tal y como recoge el escrito presentado ante el juez, para evitar "efectos colaterales" como la dilación en el procedimiento, alargando una situación injusta.

Según el letrado, la Infanta es quien ha tomado la decisión de renunciar a recurrir la imputación y ha decidido "que lo mejor que podía hacer era ofrecerse voluntaria a declarar cuanto antes mejor", aunque no ha aclarado cuándo podrá ser dicha comparecencia.

"En definitiva se ha renunciado a un derecho que tiene cualquier ciudadano y, al renunciar a esto, está adelantado voluntariamente la posibilidad", ha indicado Roca, que ha insistido en que la Infanta está absolutamente a disposición del juzgado.

Roca ha indicado que para Doña Cristina "lo más importante es aclarar definitivamente esta situación de la que se siente absolutamente ajena en el contenido y la trascendencia jurídica".

Preguntado sobre si la Infanta podría declarar en Barcelona en lugar de en Palma, se ha limitado a decir que no ve ningún motivo para ello, aunque la decisión depende del juez, y sobre si se la verá bajando la cuesta de los juzgados de Palma, ha sentencia que es algo "absolutamente anecdótico". Ha confirmado que la Infanta está en Suiza, tras su reunión en Barcelona con su defensa, y

LA ABOGACÍA DEL ESTADO NO RECURRIRÁ LA CITACIÓN DE LA INFANTA EN EL CASO NÓOS

La Abogacía del Estado ha decidido no recurrir la decisión del juez del caso Nóos, José Castro, de citar como imputada a la infanta Cristina por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, según han informado fuentes del Ministerio de Justicia.

Esta decisión se produce después de que la defensa de la hija del Rey comunicara el sábado al juez que no iba a recurrir la imputación y demandaba que se señalara la comparecencia cuanto antes.

Por ello, el instructor del caso Nóos, José Castro, adelantará la declaración de la infanta Cristina como imputada, que había fijado inicialmente para el 8 de marzo, según ha confirmado el propio juez esta mañana tras anunciar los abogados de la duquesa de Palma que renuncian a recurrir.

"Es obligado adelantarla", ha declarado el juez del caso Nóos en referencia a la petición de la hija menor del Rey, cuya defensa cree injustificada su imputación por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de dinero, pero no se opondrá a ella para agilizar el procedimiento.

RELATO DEL FISCAL

En su relato, el fiscal señala que ambos dirigentes viajaron en febrero de 2006 a Andorra con "la intención de ocultar una parte del dinero que en los últimos años habían estado recibiendo de particulares en consideración a los cargos públicos que ocupaba, en el caso de Torrejón, y había ocupado, en el caso de Tejeiro".

Sin embargo en marzo de 2006 los gestores del banco andorrano requirieron a Torrejón y Tejeiro "para que justificasen el origen de los fondos depositados en tal entidad", por lo que, según el Ministerio Fiscal, "con el fin de engañar al citado banco y evitar el cierre de las cuentas abiertas", los acusados elaboraron un documento fechado el 18 de abril de 2005 "por el que aparentemente justificaban que iban a recibir hasta un total aproximado de 40 millones de euros".