El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este lunes que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en los profesionales de la justicia en la comunidad autónoma en general, "todos saben" que el juez que dictó un voto particular en el caso de 'La Manada', Ricardo González, tiene "algún problema singula" y opina que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debió actuar "preventivamente".
"Me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, el Consejo no actúe y luego se produzcan resultados singulares. Eso se podría haber evitado", ha señalado en declaraciones a Cope recogidas por Europa Press.
Catalá ha reconocido que no conoce a ese juez personalmente, pero ha insistido en que "todos lo saben, los jueces". "Hay 5.400 jueces magníficos profesionales pero como en todas las corporaciones, hay algunas personas que tienen dificultades", ha señalado.
"El Consejo tiene una labor de organización y tutela de la carrera judicial -prosigue Catalá-. Es un asunto muy delicado e insisto en que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en Navarra conocen muy bien esta situación y el Consejo tenía que haber actuado preventivamente".
No se trata, según ha matizado, de decirle al CGPJ "que sancione a un juez por emitir un fallo o un voto particular", algo que hace "en ejercicio de sus funciones", pero sí de recordar que "la independencia del poder judicial se fortalece con el reconocimiento de la calidad de todos los miembros de la carrera" y "en eso el Consejo tiene una responsabilidad".
"ALGUNOS EXPEDIENTES"
En esta línea, ha afirmado que sería por su parte una frivolidad afirmar sin más datos, que ese juez debería estar inhabilitado y ha incidido en que "la labor del Consejo es asegurar que quien ejerce la jurisdicción está en pleno ejercicio de sus facultades". "Esa labor la tiene que ejercer. A mí me han dicho que es una persona que ha tenido algunos expedientes, que tiene algún problema", ha añadido.
Además, Catalá ha criticado el voto particular que emitió este magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra y en el que pedía la libre absolución pues no encontraba que estuviera probado el abuso sexual continuado por el que condenaba el resto del tribunal.
"Una sentencia de 140 folios no puede tener 200 folios de voto particular con expresiones muy inadecuadas, que es lo que yo creo que ha generado el revuelo social. En eso se podía haber actuado preventivamente y en eso el consejo tiene una responsabilidad", ha reiterado.
En cuanto a la tipificación de los delitos contra la libertad sexual, Catalá ha explicado que su encargo a un grupo de expertos en derecho penal de revisar el Código Penal para estudiar una mejora, no es legislar en caliente sino "adaptar" la legislación a la realidad social. "Son temas muy delicados pero seguramente si ese texto estuviese mejor redactado evitaríamos otros conflictos", ha apuntado.
"He encomendado a los expertos en esta materia que nos hagan una propuesta. Van a tomarse su tiempo, van a reunirse las horas que hagan falta y harán una propuesta que los grupos políticos valoraremos y consideraremos si merece una reforma legislativa. Yo aquí no veo precipitación ni legislación en caliente en el sentido de movida por las emociones", ha señalado.
EL JUEZ DEL VOTO PARTICULAR DE 'LA MANADA' FUE SANCIONADO EN CUATRO OCASIONES
El juez que firmó el voto particular de la sentencia de 'La Manada', Ricardo González, fue sancionado hasta en cuatro ocasiones por retrasos en sus resoluciones entre finales de los años noventa y el 2000, cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao.
Según las sentencias del Tribunal Supremo, las sanciones impuestas sumaron más de 350.000 pesetas de multa y una de ellas supuso la suspensión por un periodo de seis meses por la comisión de una falta muy grave de retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución de procesos.
Después de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, haya asegurado este lunes que el juez que tiene "algún problema singular" y que por ello el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debió actuar "preventivamente", fuentes de este organismo han confirmado que, hoy por hoy, González no tiene abierto ningún expediente y tampoco se ha incoado ninguno en los últimos cuatro años.
Eso sí, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo confirmó en cuatro ocasiones las sanciones que el CGPJ le había impuesto por retrasos en la resolución de procedimientos. Una quinta sanción, de 55.000 pesetas de multa, fue anulada por el alto tribunal.
MAS DE DOS AÑOS PARA RESOLVER UN DIVORCIO
Una de las sanciones confirmadas por el Supremo que había impuesto el CGPJ al magistrado Ricardo González --todas ellas antes de formar parte de la Audiencia Provincial de Navarra, adonde llegó en 2001-- fue debida al retraso de más de dos años en dictar sentencia en una causa de divorcio. "Se inicia el procedimiento el 25 de mayo de 1997, sin que a fecha 15 de febrero de 2000 se hubiese dictado resolución. El tiempo transcurrido entre ambas fechas, sin dictar sentencia, es de más de 28 meses", explica el Supremo.
En otra de las piezas, de medidas provisionales de un particular contra su esposa, el procedimiento se inició el 22 de diciembre de 1999 y la comparecencia se realizó menos de un mes después. "Sin que hubiera que realizar actuación alguna, se dicta el correspondiente auto el 27 de junio de 2000. El lapso temporal hasta dictar resolución supera los cinco meses", indica el alto tribunal.
