La ministra de Educación y Formación Profesional (FP), Isabel Celaá, ha concretado hoy en el Congreso los cambios que hará en la Lomce y que afectan principalmente a la asignatura de Religión, cuya nota ya no contará, y a la preminencia de la escuela pública sobre la concertada. Celaá ha asumido la escuela concertada como "complementaria" de la red pública, pero ha añadido: "la concertada puede estar o no estar, la que tiene que estar es la pública porque si no, el Estado no cumple con su obligación".
Ha afirmado que modificará el artículo 109 de la Lomce, que fija que la programación de plazas concertadas es "por demanda social" pues cree que es "un eufemismo" que propicia en algunos casos que la concertada esté por delante de la pública.
En su primera comparecencia en la Comisión de Educación, ha instado a los grupos a consensuar medidas, pero ha recalcado que el Gobierno modificará aquellos aspectos más "perturbadores" de la Lomce y que fueron más contestados por la comunidad educativa.
A la espera de comenzar a trabajar en una ley orgánica que sustituya a la Lomce -"derogarla sin más no se puede porque nos quedaríamos sin legislación y no sería razonable"-, la ministra ha defendido un modelo que no vulnere la igualdad de oportunidades. Así, abrirá "un diálogo" con los centros concertados que segregan por sexo, es decir, separan a las niñas y los niños, sabiendo que el Tribunal Constitucional les avala. Ha recalcado que son "muy pocos", pero contravienen "los principios generales de la educación inclusiva".
Asimismo, ha criticado los "abusos" que se han cometido a veces para dar suelo público a la concertada; "no se pueden volver a repetir".
CECE Y ESCUELAS CATÓLICAS MUESTRAS SU PREOCUPACIÓN
Escuelas Católicas y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) han expresado su "preocupación" tras la intervención de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, este miércoles en el Congreso. Escuelas Católicas, que agrupa 2.008 centros educativos católicos de toda España, advierte de que las palabras de Celaá "causan inquietud y desaliento en un sector educativo que representa al 26% del sistema educativo español," y asegura que contrastan con la oferta de "diálogo y voluntad de alcanzar un Pacto Educativo estatal" que había mostrado la titular de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez.
"Escuelas Católicas lamenta el anuncio de querer cambiar, sin el mínimo consenso, la LOMCE para quitar peso a la enseñanza concertada y recuerda, en este sentido, que el Artículo 27.1 de la Constitución reconoce en plano de igualdad el derecho de todos a la educación y la libertad de enseñanza", afirma la organización en un comunicado.
Según Escuelas Católicas, la libertad de enseñanza implica "la libertad de creación de centros y, por lo tanto, de oferta de un proyecto educativo concreto; y por otra, la libertad de las familias a elegir el tipo de centro conforme a sus convicciones y deseos para sus hijos". Por ello, considera que es "imprescindible" para el ejercicio de estos derechos "la financiación pública" de los centros educativos católicos.
La "preocupación" de CECE se centra en las decisiones anunciadas por Celaá "al margen del Pacto Educativo". "Confiamos en que se trate de un error de interpretación, puesto que hasta ahora siempre ha manifestado un claro y rotundo deseo de alcanzar consensos y de no legislar contra la enseñanza concertada", afirma esta confederación de centros concertados en un comunicado. CECE lamenta que los debates educativos "se centren de nuevo en los conciertos, la asignatura de religión o los itinerarios de la ESO", cuestiones que no considera "relevantes a la hora de acometer y resolver el fracaso escolar, el abandono temprano, el desempleo juvenil, la falta de equidad, la situación de la formación profesional o el bajo nivel de idiomas".
"La sociedad está cansada de la ideologización del debate educativo y sin duda agradecerá que el Ministerio de Educación sepa centrar los temas que necesitan reforma sin desviar la atención hacia cuestiones colaterales", añaden desde CECE para reclamar "cultura del acuerdo sin excluir a nadie y sin legislar contra nadie, porque nadie sobra para mejorar la educación", sentencian.
