La Comisión Constitucional del Congreso de ha aprobado hoy el proyecto de la ley de seguridad nacional, con el apoyo del PP, PSOE y UPyD, mientras que ERC y Amaiur han apuntado que la misma pretende frenar el proceso catalán, y CiU y PNV han considerado que la ley pone en entredicho el Estado autonómico. El texto, con las enmiendas incorporadas y que ahora se remitirá al Senado, ha sido aprobado por 37 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención, mientras que la votación de la "exposición de motivos como preámbulo" ha recibido el visto bueno con 25 votos, 2 en contra, y 13 abstenciones, entre ellas las del PSOE, que se han justificado en que "no ha habido enmiendas" y es necesario adaptar dicho preámbulo.
El diputado de ERC Joan Tardá ha señalado que la ley de seguridad nacional viene a "incrementar todo el aparato legislativo del que dispondrá el Ejecutivo para abortar el proceso democrático que se ha abierto en Cataluña y que culminará el 27S mediante unas elecciones que pueden dar lugar al inicio de un proceso constituyente que tiene que desembocar en la proclamación de la república catalana". Tardá, que ha acusado al Gobierno de "ir poniendo aceite lubricando la maquinaria represiva", ha dicho que con esta ley "se recuerda que existen escenarios que pueden hipotecar el proceso democrático catalán mediante estados de alarma, de excepción y de sitio", llegando a hablar incluso de la "suspensión de la autonomía".
En esta misma línea, el diputado de Amaiur, Rafael Larreina, ha destacado la concepción "muy antigua" de esta ley" que es más propia del siglo XIX y ha destacado que "el peligro de la seguridad del Estado nunca está en el ejercicio de la democracia" sino en la "corrupción". El diputado de la Izquierda Plural Joan Josep Nuet ha mostrado el rechazo de su grupo al proyecto acusando al Gobierno de utilizar el "discurso del miedo" al relacionar el concepto de seguridad "sólo con riesgos y amenazas en vez de priorizar en vínculos sociales" y ha asegurado que "en este momento la mayor amenaza para el país se llama PP y especialmente si actúa bajo una mayoría absoluta".
Para el diputado del PNV Emilio Olabarría, ha puesto el acento en que se trata de una ley "recentralizadora" al poner en entredicho el Estado autonómico y ha recordado que "bastante se ha erosionado ya el estado autonómico".
En nombre de CiU, Antoni Picó ha insistido en que no comparten "la letra" de esta ley porque supone "una nueva excusa para vaciar de competencias a las comunidades autónomas".
La diputada del PP Beatriz Rodríguez Salmones ha defendido la necesidad de esta ley teniendo en cuenta los nuevos riesgos y amenazas que han surgido, y que han llevado a todos los países, incluida la UE, a elaborar nuevas estrategias de defensa.
Al término de la Comisión Constitucional, Rodríguez Salmones ha insistido ante las preguntas de los medios que "el Estado tiene como obligación" vigilar "los posibles peligros y situaciones de crisis" y se ha referido en concreto al terrorismo de DAES.
Desde el PSOE, su diputado Enrique Serrano ha basado el apoyo al proyecto en que es "necesario" porque "no hay Estado que no tenga como primera obligación la de asegurar su seguridad". A pesar de ello, el PSOE ha solicitado mejoras en el proyecto basadas principalmente en la redacción del texto y proponiendo un "encapsulamiento claro de las referencias a los estados de alarma, excepción y sitio".
Rafael Calduch, de UPyD ha señalado que las enmiendas de su grupo van encaminadas al "mecanismo de control" buscando que "sea el poder legislativo el que compense las condiciones excepcionales de ejercicio de competencias".
El diputado socialista ha solicitado antes de la votación del texto la inclusión en el texto de la incorporación del ministro de la presidencia, mientras que Rodríguez Salmones ha solicitado que se elimine "la mención específica de estado de sitio" del artículo 2 punto 2 de la ley.
