Hasta tres anillos de seguridad con más de 1.300 policías antidisturbios protegerán el Congreso de los Diputados a partir de mañana por la noche de cara a la jornada de protesta y de "desobediencia civil no violenta" del 25S en la que varios colectivos ciudadanos han llamado a "rodear" el Congreso.
El plan de los convocantes de "Rodea el Congreso" es cercar el Palacio de la Carrera de San Jerónimo con tres marchas simultáneas que confluirán en la Puerta del Sol, Neptuno y Cibeles hacia las 17.30 horas del martes.
Desde estos tres puntos intentarán llegar a pie hasta la Cámara baja, donde a esa hora se celebra pleno, para reclamar el inicio de un nuevo proceso constituyente porque, a su juicio, la actual Carta Magna de 1978 "ha cumplido su ciclo".
"No hay ninguna intención de ocupar el Congreso, sino de rodearlo y andar alrededor", asegura la Coordinadora 25S y la plataforma ¡En Pie!, dos colectivos nacidos en las redes sociales.
Para evitar que sea alterado el normal funcionamiento del Congreso, la Policía Nacional ha diseñado un dispositivo integrado por 27 grupos completos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos como antidisturbios, compuestos por 50 agentes cada uno.
A partir de la noche de mañana lunes, comenzarán a establecerse hasta tres "filtros" o anillos de seguridad que rodearán el Congreso, de forma que el primer perímetro se situará a 500 metros del palacio.
Ante las dificultades que tendrán para acceder a las inmediaciones del Congreso, algunos activistas han propuesto en internet una alternativa para alcanzar la Carrera de San Jerónimo burlando el cerco policial y sin vulnerar la ley, acogiéndose al artículo 29 de la Constitución que proclama el derecho de petición.
El plan consistiría en que miembros de la plataforma intentaran acceder al registro del Congreso para presentar propuestas ante la Comisión de Peticiones de la Cámara, una posibilidad a la que tienen derecho todos los ciudadanos.
La campaña del 25S ha llegado incluso a los correos electrónicos de sus señorías, que durante las últimas semanas han recibido mensajes enviados desde un mensaje falso -a nombre del presidente del Congreso, Jesús Posada-, invitándoles a desocupar la Cámara baja el martes.
Por el momento, la Delegación del Gobierno en Madrid ha autorizado varias concentraciones, reuniones y marchas, así como una "asamblea general" convocadas por un particular en las inmediaciones del Congreso, pero a cierta distancia de la Cámara y eso sí, sin acampada permanente.
No obstante, el pasado viernes el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputó a ocho supuestos organizadores de la protesta un delito contra las instituciones del Estado, castigado con hasta un año de prisión y por el que les ha citado a declarar el próximo 4 de octubre.
Algunos partidos y asociaciones de jueces han criticado la decisión judicial y una supuesta "criminalización" del movimiento 25S por parte del Gobierno.
Así, la progresista Jueces para la Democracia (JpD) ha calificado de "insólito" que se haya imputado a estas ocho personas por hechos que todavía no se han producido.
En declaraciones a Efe, su portavoz, Joaquim Bosch, ha recordado que el delito contra las instituciones del Estado requiere de la alteración del funcionamiento de las Cortes, algo que según los convocantes tampoco está entre sus objetivos.
En esta misma línea, Equo ha tachado de "intolerable" la decisión del juez y cree que se han traspasado "las líneas rojas de un Estado democrático".
Por su parte, el coordinador general de IU, Cayo Lara, ha pedido al Gobierno que "vea con normalidad" las movilizaciones del 25S y que no trate de atajarlas por la "vía de la represión" o como un problema de orden público.
Por el contrario, considera que sería una oportunidad para mostrar sensibilidad frente "al mucho sufrimiento que las políticas de recortes y ajustes están provocando en la ciudadanía".
