El Gobierno ha aprobado la Ley de Seguridad Nacional, que ha cambiado su rango de orgánica por ordinaria, porque no tiene "consecuencias para los derechos y libertades" de los ciudadanos, según ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.
El Ejecutivo ha decidido dar un trámite ordinario a esta nueva ley, eliminando el carácter de orgánica, tal y como se aprobó en el anteproyecto el pasado 16 de enero, al considerar que no afecta a los derechos fundamentales y libertades públicas.
La vicepresidenta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha explicado que la nueva ley pretende dotar al Estado de instrumentos para afrontar los riesgos y amenazas, y potenciar las capacidades de respuesta.Tras señalar que persigue la colaboración de todas las instituciones del Estado, ha precisado que la ley, como novedad, regula la declaración de situación de "interés para la seguridad nacional", responsabilidad que recaerá en el presidente del Gobierno.
Sáenz de Santamaría ha informado de que no se tramitará como ley orgánica, como se planteó en un principio, ya que no afecta ni tiene consecuencias para los derechos fundamentales y las libertades públicas.En este sentido, el Consejo de Estado así lo ha avalado, según la vicepresidenta, quien ha concretado que la nueva norma define el concepto de seguridad nacional.
Contempla la declaración de los denominados estados de alarma y excepción y establece medidas de coordinación entre las administraciones públicas, una cuestión clave para tomar decisiones ante determinadas circunstancias de interés para la seguridad nacional.
Esta declaración, que corresponderá en exclusiva al presidente del Gobierno, podrá adoptarse ante una crisis que no pueda abordarse con los medios ordinarios de la Administración y que, sin embargo, no sea tan grave como para aplicar la Ley de Alarma, Excepción y Sitio, de 1981.
Asimismo, establece el Sistema Nacional de Seguridad en el Consejo de Seguridad Nacional y define competencias en materias como la ciberseguridad, seguridad marítima y seguridad financiera, así como el medio ambiente, la energía, los transportes y las telecomunicaciones. Los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa e Interior, así como la Presidencia del Gobierno, han participado en la elaboración de esta ley, que ya recibió el visto bueno del Consejo de Seguridad Nacional el pasado 31 de octubre.
