El Congreso de los Diputados rechazó este jueves las cinco enmiendas a la totalidad a la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos para reformar la tipificación del delito de sedición, que presentaron el PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Cataluña y la CUP.
La iniciativa, propiamente llamada 'Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso', superó con holgura las cinco enmiendas a la totalidad.
La del PP logró 156 votos a favor, la de Ciudadanos 67, la de Vox 54, la de la CUP nueve y la de JxCat solamente seis.
En nombre del PP, el secretario general del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Carlos Rojas, subrayó que “los delincuentes que desafían a España no pueden ser socios de nadie”. Recriminó así a los socialistas que vayan “por el camino” que deciden ERC y EH Bildu. “Benefician al separatismo porque así se benefician a sí mismos”, enjuició.
En esta línea, el parlamentario del PP acusó a la bancada socialista de promover este cambio en el Código Penal para “mantener a Sánchez un año más en La Moncloa”, además de recriminar al Gobierno que tenga “mucha prisa” en este ámbito y “ninguna” a la hora de modificar la ‘Ley del solo sí es sí’.
Rojas auguró que el PP volverá a gobernar y con ello el delito de sedición volverá al Código Penal, al “igual que la dignidad a la política” española. Por el momento, dijo a los diputados socialistas que “no estaría mal que rompieran alguna vez la disciplina de voto” por “respeto a su país y a sus votantes”.
Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aseguró que Sánchez pasará a la historia “como el primer y último presidente de España capaz de sustentarse en aquellos que dieron un golpe de Estado hace apenas cinco años” y le reprochó que sea capaz de ponerse “del lado de los golpistas” para “hacer lo que quiere el separatismo”.
En nombre de la CUP, su portavoz, Mireia Vehí, defendió su enmienda a la totalidad señalando que “es imprescindible oponerse a las leyes injustas”, y que en la reforma hay elementos que amenazan el derecho a la protesta. Básicamente, la intimidación a las personas, que al no dejar rastro permite que un juez, policía o militante de derechas asegure que se ha sentido intimidado, y que se permita una intervención preventiva.