El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, que es la primera norma nacional de ese ámbito, lo que se acompaña de una reforma del Código Penal para que las penas por maltrato animal se eleven a hasta 36 meses de prisión. Ambos textos inician ahora su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
Con ello, el Gobierno culmina un largo recorrido de varios meses de trabajo iniciado por la Dirección General de Derechos de los Animales, integrada en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y tras algunas desavenencias entre ese departamento ministerial y el de Agricultura, Pesca y Alimentación, que apostaba por un trato diferencial para los perros utilizados en la caza.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, apuntó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la Ley es “pionera” en España y permitirá “proteger” y “garantizar el bienestar animal” a través de “un marco legal común” con los objetivos fundamentales de “poner fin al maltrato animal -reformulando también el Código Penal en cuanto a sus penas-, el abandono y el sacrificio de animales”.
“Se trata de dar respuesta a una sociedad, la española, que cuenta con uno de cada tres hogares con un animal con el que conviven y hacen su día a día”, apuntó Rodríguez.
“Hoy el Consejo de Ministros da luz verde de manera definitiva a la primera Ley de derechos de animales de la historia de nuestro país”, indicó la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en un vídeo difundido por su departamento.
Belarra mencionó las “terribles imágenes de un maltratador que ahogó viva a una cría de jabalí o gente que quema vivo a un zorro y lo sube a las redes sociales”, acciones que hasta ahora no tienen “ningún reproche penal”. “Con esta Ley vamos a acabar con la impunidad de los maltratadores de animales y sus penas de cárcel podrán llegar hasta los 36 meses”, añadió.
En este sentido, la propuesta de reforma del Código Penal aprobada este lunes difiere de la vista por el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero en primera vuelta, ya que entonces se proponía hasta 24 meses de prisión a quien cause intencionadamente la muerte a un animal vertebrado.
Por otro lado, la Ley prohíbe “otras formas de maltrato”, según Belarra, como el tiro al pichón o las peleas de gallos, con multas que pueden llegar hasta los 200.000 euros, lo mismo que si hay animales silvestres en circos.
Además, la norma pretende evitar el abandono de animales, pues más de 285.000 perros y gatos llegaron el año pasado a las entidades protectoras españolas. ”Animales que no entienden qué les ha pasado, que se quedan esperando a sus dueños y que acaban devastados. Un país democrático que quiere y que cuida a sus animales no se puede permitir estas cifras”, indicó Belarra.
Por ello, la Ley exige la identificación obligatoria de animales y criadores. “No queremos más camadas abandonadas ni perros que mueren esperando a que su dueño vuelva”, agregó Belarra.
La Ley también establece que no se puedan sacrificar animales sanos, prohíbe los circos con animales salvajes y pretende reconvertir los zoológicos y los delfinarios en lugares para la conservación de especies.